Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 12/11/2008 14:58
MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) presentó hoy un informe que recuerda al Estado español su obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo.
"España se encuentra en un momento crucial de su historia, o sigue la senda de la verdad, justicia y reparación o se convierte en una de las pocas excepciones mundiales que niegan en sede judicial la verdad, justicia y reparación", subrayó el director de AI España, Esteban Beltrán, en rueda de prensa.
La organización denunció las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener tutela judicial a su desamparo. En este sentido, se sintieron sorprendidos, ya que, según informaron, la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.
Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando que camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del Franquismo y de la Guerra Civil. En su opinión, "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera del de la legalidad internacional".
"Esta encrucijada de investigar o no, no es un dilema moral ni tampoco un principio ético", advirtió. A su juicio, investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar a los posibles autores es un "imperativo legal".
Respecto a las diligencias abiertas por el juez Baltasar Garzón donde autorizaba la apertura de algunas fosas, Beltrán dijo que "era la primera vez en 70 años" que un Tribunal español tomaba esa decisión. En consecuencia, explicó que ante ese intento de investigar, el Ministerio Fiscal "a las primeras de cambio se sitúa fuera de la legalidad internacional".
AMNISTÍA INTERNACIONAL DESMIENTE MITOS Y DISTORSIONES
Durante el acto, la responsable de Investigación de Amnistía Internacional y experta en jurisdicción universal, Giulia Tamayo, declaró que "España tiene la oportunidad de hacer justicia". Por ello, se centró en algunos argumentos dentro de los mitos y distorsiones en reacción a la admisión a trámite e investigación judicial sobre los crímenes del pasado.
En este sentido, calificó de "incorrecta" la afirmación de que la 'Ley de la Memoria Histórica' (Ley 52/2007) impide acciones judiciales, y aseguró que las previsiones contenidas "son compatibles con el ejercicio de las acciones". Además, recalcó que "ningún tribunal nacional puede aplicar leyes de amnistía ni invocar su aplicación para impedir la investigación" de los hechos denunciados en España.
También, aclaró que "cuando las víctimas han sido privadas de recursos efectivos por décadas, es abusivo afirmar prescripción o limitaciones contra la humanidad". Según Tamayo, "es un crimen contra la humanidad", y como tal, "debe abrirse una investigación judicial".
Por último, intervino el doctor en Derecho y ex Secretario Adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Hernando Valencia, quien consideró la postura de la Fiscalía "extravagante" y aseguró que "la ley de amnistía está desfasada".
Valencia consideró que España muestra "una falta de comprensión hacia las víctimas", y añadió que "oponerse, obstaculizar o ignorar el derecho a honrar a los muertos pone en peligro cuatro derechos fundamentales: igualdad ante la ley, el derecho a la justicia, la libertad de conciencia y de cultos y los derechos de la familia".