Un testigo vincula a Granados y al número de 3 de Cifuentes con contratos para ACS a cambio de financiar al PP

 

Un testigo vincula a Granados y al número de 3 de Cifuentes con contratos para ACS a cambio de financiar al PP

Publicado 12/07/2017 15:03:02CET

Así lo indica un informe incluido en el sumario de la Púnica, según el cual el PP de Madrid había recibido previamente 800.000 euros

MADRID, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un funcionario de la Comunidad de Madrid declaró ante el juez instructor de la trama 'Púnica' que el exconsejero Francisco Granados no admitía que un concurso de obras se adjudicara a otra empresa que no fuera Imesapi, perteneciente al grupo ACS presidido por Florentino Pérez, porque había colaborado con 800.000 euros en la campaña del PP para las elecciones de marzo de 2008.

Así consta en un informe firmado por 'Grupo Pontejos' y vinculado al acta de declaración de este funcionario, exjefe del Área de Zonas Verdes de la Comunidad de Madrid, quien declaró como testigo el pasado octubre ante el juez Eloy Velasco, que entonces instruía esta causa en la Audiencia Nacional.

En el documento, incluido en el sumario de 'Púnica' y al que ha tenido acceso Europa Press, se denuncian presuntas irregularidades cometidas durante la gestión del actual 'número tres' del Gobierno de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada, cuando era director general de Cooperación con la Administración Local en la Comunidad de Madrid.

Según el informe, en enero de 2008 se publicó el concurso para la conservación y mantenimiento del Parque Polvoranca, en Leganés, por algo más de 1,9 millones de euros. Un mes después, ya con el informe técnico redactado y las puntuaciones que habían obtenido las empresas que se habían presentado, la Dirección General que dirigía González Taboada informó a Granados, entonces consejero de Presidencia, el resultado del concurso.

24 PUNTOS MENOS QUE LA EMPRESA MEJOR CALIFICADA

En cuestión de cinco minutos, relata el documento entregado al Juzgado Central de Instruccción número 6, González Taboada comunicó que Granados no aceptaba la adjudicación propuesta en el informe técnico y que había que concederla a Imesapi, la cual obtuvo 24 puntos menos que la mejor calificada.

El informe asegura que el subdirector general se negó a hacerlo, pero González Taboada insistió porque Imesapi había colaborado con la campaña electoral del PP con 800.000 euros, pero tanto el subdirector general como el jefe de área y el jefe de sección se negaron a "incurrir en prevaricación". Según el escrito, la negativa del subdirector general supuso el inicio de una "operación de acoso" contra él, que le llevó a pedir una excedencia.

Finalmente, en agosto de 2008 se publicó la adjudicación del contrato de Parque Polvoranca a la empresa inicialmente considerada la mejor por los técnicos y no a Imesapi. Aún así, el informe destaca que, según la ley, el contrato debería haberse adjudicado a principios de mayo, pero que todo se retrasó por los intentos por dárselo a la empresa de ACS.

Estos hechos se mencionan dentro de un informe más largo dedicado específicamente al mandato del actual 'número tres' de Cifuentes y, más en concreto, sobre "problemas, irregularidades y mala gestión" en la Dirección General de Cooperación con la Administración Local.

ASUNTOS POCO CLAROS CON GRANADOS

El documento comienza recalcando que los profesionales de la Administración y representantes de los municipios madrileños no comprenden que González Taboada fuera nombrado en un cargo de tanta "complejidad" sin tener "ningún tipo de titulación, ni jurídica, ni técnica, ni económica". De hecho, se le considera "un auténtico semianalfabeto".

En el documento enviado al Juzgado se denuncian presuntas irregularidades cometidas por González Taboada desde la Dirección General , que ocupó durante tres legislaturas. De hecho, asegura que sobre todo durante la segunda actuó "como mandado de Francisco Granados para todo tipo de asuntos poco claros".

Y desde el cargo de vicesecretario de Territorial del PP de Madrid que ocupaba en 2008, cuenta que el ahora 'número tres' de la Comunidad controlaba e intervenía en gran parte de los ayuntamientos de la región, exceptuando los más grandes, e influía en los concejales y alcaldes a través de los programas PRISMA y las subvenciones, mezclando "las atribuciones de ambos puestos con personalismos y usos irregulares".

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