MADRID, 17 May. (EUROPA PRESS) -
Las principales asociaciones de víctimas del terrorismo han censurado al Gobierno por no informarles en la reunión que mantuvieron en Moncloa el pasado 10 de mayo, hace ahora una semana, de que Instituciones Penitenciarias había recabado información sobre la situación de los presos de la banda terrorista.
Fuentes de la AVT y de Covite han comentado a Europa Press que en la reunión a puerta cerrada en el Palacio de la Moncloa no se hizo ninguna mención por parte del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, a que Instituciones Penitenciarias había requerido a las cárceles información actualizada sobre presos etarras. "Dijeron varias veces que no había ninguna novedad", señalan.
Rajoy y Zoido se reunieron hace una semana durante dos horas con representantes de 25 asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo. Tras una noticia del diario 'El País', la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, ha difundido este jueves un comunicado en el que atribuye su petición de información sobre la situación de los presos a su necesidad de actualizar la base de datos de este colectivo de internos, además de para responder a una pregunta parlamentaria.
"ES DECEPCIONANTE"
La AVT ha sostenido en su cuenta oficial de Twitter que las promesas del Gobierno "empiezan a tambalearse". Desde esta asociación se subraya su preocupación y que pedirán explicaciones en una próxima reunión tanto con el ministro Zoido como con el secretario general de Prisiones, Ángel Yuste, ante la posibilidad de que esta recopilación de información sobre presos etarras sea "un gesto" tras la disolución de ETA.
"Es decepcionante que ahora se publique esta información", ha señalado la presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, que este jueves ha coincidido con Zoido en Mallorca en el acto en el que ha recibido un reconocimiento del sindicato policial CEP. Desde allí el ministro ha insistido que no habrá impunidad para los integrantes de ETA, y ha puesto de ejemplo la operación de la Guardia Civil en la que se han intervenido bienes de más de 50 condenados de la banda para saldar las deudas, por valor de ocho millones de euros.
Covite cree que el foro idóneo para dar traslado de este tipo de cuestiones relacionadas con presos era la reunión en Moncloa. Además, ha censurado que el Ejecutivo "invada competencias del poder judicial": "Lo único que compete al Gobierno es preguntar por la cifra de etarras que han rechazado la violencia".
En su comunicado, Interior rechaza la relación de sendos correos de Prisiones con la disolución de ETA y un posible acercamiento de presos etarras o cambios en la política penitenciaria. En este sentido, califica de "trabajo cotidiano" la solicitud de información por parte de la Administración Penitenciaria, de acuerdo a la "exigente responsabilidad de tener una base de datos actualizada y dar una precisa información a la fuerza parlamentaria solicitante de la misma".
La información sobre presos de ETA fue recabada por el coordinador de Programas de Control y Seguimiento de la Subdirección General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria, Carlos Javier Lanza. Los datos se referían a la progresión de grado, permisos, destinos, participación en programas de tratamiento y actividades, actualización y notificación del PIT (Programas Individualizados de Tratamiento), "así como cualquier otro indicativo de aceptación de las vías legales facilitadoras de su reinserción".
Según Interior, estas peticiones de información a los directores de los centros penitenciarios son habituales y engloban a presos etarras y a otros como los yihadistas. Zoido viajó hace una semana hasta Moncloa en el mismo autobús que las víctimas de ETA. Ante la prensa, los representantes de las asociaciones aseguraron que estarían en adelante "vigilantes" tras las palabras de Rajoy y Zoido, acogidas en general con satisfacción porque insistieron en que no habría cambios en la política penitenciaria que había llevado a la derrota de ETA.
Las víctimas también preguntaron por la situación de etarras fugados de la Justicia como 'Josu Ternera', el autor junto a 'Anboto' del audio en el que ETA anunció su disolución, y censuraron que continúe el proyecto político de la banda con el intento de "falsear" su historia criminal.
