Fiscalía pidió sin éxito que la comparecencias se suspendieran y no pidió medidas a expensas del nuevo atestado
MADRID, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -
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MADRID, 6 (EUROPA PRESS)
La Guardia Civil ha aportado este viernes a la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela un nuevo y voluminoso informe -de más de 300 páginas y con multitud de archivos audiovisuales- sobre los sucesos de los pasados 20 y 21 de septiembre en Barcelona y que incluyen hechos que llegan hasta el 1-O. En ellos estarían implicados el mayor Josep Lluís Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes la ANC, Jordi Sànchez y el de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que han comparecido en este órgano judicial.
Hasta en dos ocasiones los fiscales Miguel Ángel Carballo y Pedro Rubira han solicitado a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 la suspensión de las declaraciones previstas para hoy a fin de que tanto ellos como las defensas pudieran estudiar este nuevo informe y, a la vista del mismo, los implicados vuelvan a ser citados. Con ello la Fiscalía buscaba evitar futuras alegaciones de indefensión por parte de los investigados, han señalado fuentes jurídicas.
Aún se desconoce la fecha de esas nuevas citaciones, si bien será entonces cuando se decida si la Fiscalía solicita para Trapero y el resto de investigados alguna medida cautelar, que podría ir desde la entrega del pasaporte a comparecencias e incluso prisión. Pese a estas peticiones de suspensión -la primera al inicio de la jornada y una segunda tras la declaración de Trapero- la juez Lamela ha seguido adelante con el interrogatorio.
En una nota oficial emitida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional se señala expresamente que la Fiscalía "velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública a presencia del juzgado.
Por lo que se refiere a las comparecencias, comenzaron con la de Laplana mediante videoconferencia tras acreditar ésta un problema de salud relacionado con vértigos que le impedía viajar hasta Madrid. Según las mismas fuentes esta mujer se encontraba anoche bajo observación psquiátrica por un problema de ansiedad si bien finalmente ha alegado que no quería declarar al no encontrarse en condiciones.
TRAPERO, "NO CONVINCENTE"
El que si ha declarado a petición propia y pese a que su defensa había solicitado la suspensión de la comparecencia ha sido Trapero, que ha contestado a las preguntas de los fiscales, de su defensa y de la propia juez Lamela. Su declaración ha sido "exculpatoria pero no convincente", según fuentes presentes en la comparecencia, y la magistrada le ha requerido que aporte la documentación oficial sobre las comunicaciones entre Mossos y la Guardia Civil relacionadas con los hechos.
A su salida de la Audiencia Nacional Trapero ha sido aplaudido por un grupo de parlamentarios del PDeCAT, ERC, PNV, EH-Bildu y Unidos Podemos que se concentraban a las puertas del tribunal, y ya una vez fuera del cordón de seguridad ha sido increpado por varios viandantes al grito de "traidor" antes de entrar en un vehículo junto con sus abogados y alejarse de la zona.
LA ANC NO RECONOCE A LA AUDIENCIA NACIONAL
Seguidamente ha entrado a la sala de declaraciones Cuixart, quien se ha negado a declarar mientras que sí lo ha hecho, aunque sólo a las preguntas de su defensor el presidente de ANC, Jordi Sánchez, para señalar que no reconocía la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos de los que se le imputan, que no considera delito.
Sobre la documentación aportada este viernes las mismas fuentes han precisado que su estudio precisará varios días, ya que contiene abundante material audiovisual que tanto la Fiscalía como las defensas quieren analizar en profundidad. Incluye hechos anteriores al día 20 de septiembre -cuando se produjeron las detenciones de altos cargos de la Generalitat por orden del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que provocaron los incidentes investigados- pero también otros posteriores que llegarían hasta el día de celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre.
DILIGENCIAS PEDIDAS POR GUARDIA CIVIL
Además, en su informe la Guardia Civil ha solicitado la práctica de nuevas diligencias, entre ellas requerimientos a los Mossos d'Esquadra que la Fiscalía tiene interés en que se practiquen. Según fuentes del Ministerio Público, la causa "va despacio pero sin pausa" y además de los cuatro hasta ahora investigados el procedimiento podría ampliarse a otras personas que no son autoridades públicas.
Pese a lo que aporte el análisis de la nueva documentación de la Guardia Civil, las mismas fuentes señalan que con lo que ya existe de lo ocurrido los días 20 y 21 de septiembre ya habría material suficiente para valorar la situación personal de los investigados de cara a las nuevas comparecencias.
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 acordó la citación de todos ellos una semana después de admitir a trámite la denuncia presentada por la Fiscalía contra las personas que participaron en las concentraciones durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona.
En su auto, la juez expuso que estos actos podrían ser constitutivos de delito de sedición al ir "dirigidos a romper la organización territorial del Estado" y declaraba a la Audiencia Nacional competente para su investigación ya que estos hechos podrían atentar contra los bienes jurídicamente protegidos y la actual forma de gobierno.
TENDRÁN QUE DECLARAR DE NUEVO A PARTIR DEL 16 DE OCTUBRE
Por último, la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela volverá a citar a declarar al major de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, la intendente Teresa Laplana y los presidentes de ANC Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, a partir del 16 de octubre tras incorporarse un nuevo atestado de la Guardia Civil a la causa que investiga los incidentes ocurridos en Barcelona el 20 y 21 de septiembre.
Según han confirmado fuentes jurídicas, la segunda citación a los cuatro investigados por los delitos de sedición se producirá en principio dentro de dos semanas para que las partes tengan tiempo de estudiar el extenso informe que cuenta con más de 300 páginas y multitud de archivos audiovisuales y que incluyen hechos que llegan hasta el pasado 1 de octubre, día en que se celebró el referéndum ilegal.
