MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los imputados en el caso de la estafa al Ministerio de Defensa con facturas falsas de mudanzas han aumentado a 49, entre los que hay oficiales y suboficiales del Ejército del Aire que presuntamente se unieron a una trama liderada por un teniente que entre 2008 y 2012 gestionaba la entrega de documentos manipulados para cobrar las indemnizaciones por cambio de residencia. El dinero defraudado podría ascender a cerca de 400.000 euros.
Según ha explicado a Europa Press María Luz Jiménez Sánchez, la abogada de la empresa que denunció los hechos, el juez militar que lleva el caso, coronel Eduardo Reigades, está tomando declaración a todos los imputados, a los que se atribuyen delitos contra la hacienda militar y de deslealtad, penados con hasta diez y seis años de prisión, respectivamente, según el Código Penal Militar en vigor. El sumario de la investigación, a cargo del Juzgado Togado Militar número 11 de Madrid, asciende ya más de 4.800 folios.
El fraude se servía de las indemnizaciones que paga el ministerio por cambios de residencia forzosos, en los que abona mudanzas y dietas. El principal acusado, un exteniente del Ejército del Aire, ideó presuntamente una trama en la que cumplía todos los trámites sin contratar a ninguna empresa: presentaba presupuestos falsos de tres empresas y después adjuntaba una factura falsa por las mudanzas, que nunca se hacían. Sin hacer ningún pago, el militar que se trasladaba cobraba la indemnización, de la que el cabecilla se embolsaba en torno al 25 por ciento.
DESCUBIERTOS POR CASUALIDAD
Los responsables de la empresa denunciante descubrieron por casualidad a mediados de 2012 que se había estado suplantando su identidad en varias facturas por mudanzas para las que se habían pedido presupuestos, pero que nunca se habían realizado.
Fue entonces cuando se inició la investigación, después de que, según la abogada, el presunto cabecilla contactara con los propietarios de la empresa y les ofreciera dinero a cambio de que no presentaran ninguna denuncia.
Por orden del Juzgado, la Guardia Civil registró el domicilio y el lugar de trabajo del principal imputado, en la base aérea de Son San Joan, de Palma de Mallorca, donde se encontraron "diferentes indicios incriminatorios de la confección de facturas y presupuestos falseados", así como correos electrónicos que implicaban directamente a un capitán en la elaboración de la documentación falsa mediante la cual se acreditaban unas mudanzas que nunca se llevaron a cabo y de la que se beneficiaron cerca de medio centenar de militares.
Además de la empresa denunciante, la trama hizo facturas falsas de otras cuatro empresas reales que, "de forma totalmente involuntaria y desconocida", aparecen en los documentos presentados para solicitar indemnizaciones. Pero también utilizó empresas ficticias para sus fines, como una supuesta compañía que bautizaron 'Mudanzas Pérez'.
DERECHO A NO DECLARAR
En sus declaraciones ante la Guardia Civil, varios militares presuntamente implicados reconocieron haber recurrido al teniente para solicitar indemnizaciones por traslado, después de que éste les ofreciera sus gestiones tras enterarse de sus cambios de residencia o por recomendaciones de terceros.
Sin embargo, María Luz Jiménez Sánchez ha indicado a Europa Press que en las comparecencias ante el juez que se llevan produciendo en las últimas semanas, la mayoría de los imputados, que muchos de ellos comparten abogado, se han acogido a su derecho a no declarar.
El presunto cabecilla es el único de los imputados del que constan antecedentes. En concreto, fue detenido por la Guardia Civil en julio de 2009 por los supuestos delitos de detención ilegal y amenazas con armas de fuego y por la Policía Nacional en enero de 2010 por un supuesto delito de malos tratos. Además, tiene una infracción al reglamento de circulación por alcoholemia en diciembre de 2012.
Según la abogada, el período de las declaraciones ante el juez finalizará previsiblemente a finales del próximo mes de marzo, por lo que, a falta de algún detalle más o petición que puedan formular las partes, la fase de instrucción del caso podría darse por terminada antes del verano. Será entonces cuando el magistrado publique el auto de apertura del juicio oral, que podría celebrarse en otoño.
