VALENCIA, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
La empresa valenciana Nuevas Tecnologías y Energías Catalá S.L. (NT-K) ha solicitado a Fiscalía Provincial de Valencia que investigue si la compañía Apple In cometió un delito de extorsión al paralizar en noviembre de 2010 sus 'tablets' en la Aduana porque entendía que eran una copia de sus iPad. Este extremo fue rechazado por un juzgado de Quart de Poblet, quien dio la razón a la mercantil valenciana.
Además de requerir de la Fiscalía la apertura de las diligencias de investigación, la empresa ha solicitado que se estudien aquellas incautaciones de mercancías en las que la compañía Apple haya intervenido, al entender que posiblemente exista un mayor número de afectados por estas prácticas y que éstas no hayan sido denunciadas debido al acuerdo de confidencialidad.
Los propietarios de la marca NT-K --Pedro Peláez y Leonardo Scannone-- indican en su denuncia ante el ministerio público, con fecha de este martes, que Apple atentó contra sus intereses y mostró una actitud "manifiestamente intimidatoria" con la paralización de los 'tablets'. Asimismo, señalan que la compañía americana realizó estos actos en su beneficio, "existiendo ánimo de lucro", según parte del escrito consultado por Europa Press.
Esta acusación contra Apple se produce después de que el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Quart acordara en noviembre de 2011 el sobreseimiento provisional de la denuncia que presentó la compañía Apple contra ellos, al acusarles de haber copiado sus iPad.
La denuncia presentada por Apple se produjo después de que paralizase en la Aduana la entrada de unos 'tablets' de la compañía valenciana. De esta manera, se impidió la comercialización de estos artículos, lo que causó graves perjuicios a la mercantil.
EN PARALELO
Como consecuencia de esta paralización de los 'tablets', la empresa valenciana también realizó, paralelamente, actuaciones, y presentó una denuncia ante la Comisión Nacional de Competencia para alegar que sus aparatos ni tan siquiera utilizaban el mismo software, así que achacaba la actuación de Apple a cerrar el mercado e impedir la entrada a posibles competidores.
El letrado de la compañía, Salvador Silvestre, del buffete Rocabert & Grau Abogados, exponía en su escrito de denuncia que Apple había infringido los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Respecto al primero, mantenía que la conducta de la empresa americana, tendente a impedir la entrada de algún competidor en el mercado y limitativa de la libertad de los clientes finales, formaba parte de los denominados 'abusos innominados'.
Así, exponía que Apple podía haber finalizado el procedimiento de aduanas manifestando que se trataba de un error, puesto que los 'tablets' no eran como el iPad. Su actuación, habida cuenta las fechas de lanzamiento del producto, estaba predeterminada para evitar la entrada de competidores y excluirlos ejercitando sus derechos de forma abusiva y antisocial.
En cuanto al artículo 3 de la normativa, señalaba que el comportamiento de la compañía era contrario a las exigencias de la buena fe, dado que ejercitaba "de forma abusiva sus derechos, interponiendo denuncias sin fundamento con la finalidad de evitar que los competidores entren en el mercado", según indicaba en su escrito ante la Comisión de Competencia. Por el momento, este organismo no se ha pronunciado al respecto.