Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 17/09/2009 17:01
La Comisión Europea (CE) espera que los Estados miembros inviertan en la próxima década unos 300.000 millones de euros en desarrollar la red de banda ancha para mejorar la competividad e impulsar la economía del conocimiento, según la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, durante la presentación este jueves de las directrices para la concesión de ayudas estatales en este sector.
Bruselas cree que aunque la inversión debe hacerse mayoritariamente por el sector privado, el sector público tiene un importante rol que jugar a la hora de facilitar el mayor acceso posible a la banda ancha en las zonas donde no invierten los operadores privados.
En todo caso, Kroes dejó claro que las autoridades estatales no siempre tienen que invertir fondos públicos para promover la banda ancha y que antes de conceder ayudas deben considerar la posibilidad de incentivar la inversión privada, por ejemplo coordinando las obras civiles y facilitando los procedimientos administrativos.
En concreto, las líneas directrices explican cómo pueden canalizarse los fondos públicos para el despliegue tanto de redes de banda ancha básica como de nueva generación. Se distinguen además tres zonas: negras, grises y blancas.
Las zonas negras son las más competitivas y para las que no se requieren ayudas estatales, como es el caso de las grandes ciudades; las grises son aquéllas en las que existe la infraestructura pero el servicio es mejorable y las blancas en las que ni siquiera hay infraestructura, como las zonas rurales.
Bruselas confía en que las inversiones que se realicen siguiendo las pautas presentadas pueden contribuir a superar la brecha digital entre Estados miembros y en el interior de cada país. No obstante, advierte de que no deberá volverse a los antiguos monopolios o distorsionar la competencia.
Asimismo, existen varias salvaguardias como la elaboración de un mapa detallado que identifique las áreas sin cobertura, una licitación abierta y transparente, una obligación de acceso abierto para permitir la competencia y permitir al mercado encontrar la mejor solución tecnológica y mecanismos de devolución que impidan ventajas desproporcionadas y excluyan la inversión privada.
Las inversiones en redes de banda ancha forman parte del Plan Europeo de recuperación económica al que la Comisión ha destinado 1.020 millones de euros a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feder) para desarrollar internet en las zonas rurales.