Foto: Europa Press/Archivo
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ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Andalucía ha formalizado una denuncia ante la Comisión Europea por el "incumplimiento" del Gobierno de España en relación al proyecto ferroviario de la línea Algeciras-Bobadilla atendiendo a su inversión y bajo ritmo de ejecución.
La denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que adelanta este miércoles el Grupo Joly, fue presentada el 26 de enero por la entonces consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortes (IU), en su condición de presidenta de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, y va dirigida al presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.
Concretamente, el documento hace referencia al "incumplimiento del Estado español del Reglamento (UE) 1316/2013 por el que se crea el mecanismo 'Conectar Europa', que define dentro de las secciones prioritarias, Corredor Mediterráneo, el tramo Algeciras-Madrid, que incluye la línea Algeciras-Bobadilla, cuyas obras deberán empezar antes del 2015 y concluir en 2020".
En el escrito de 24 páginas remitido a Bruselas se expone la "importancia estratégica" de la línea ferroviaria Algeciras-Bobadilla en la conectividad terrestre del puerto Bahía de Algeciras, que es el "primer puerto español por movimiento de mercancías y el primero del Mediterráneo si atendemos al movimiento de contenedores".
Además, significa que dicho puerto desempeña "un papel esencial en los tráficos entre Europa y África y tiene un alto potencial para canalizar tráficos de Europa con Asia y América".
En el dossier relata los hitos más destacados y la situación de la mencionada línea férrea, señalando posteriormente que "la obligación de poner en servicio la mejora de la conexión ferroviaria Algeciras-Bobadilla en el año 2020 implica una serie de hitos técnicos y administrativos que deben ser ejecutados con suficiente antelación para garantizar el cumplimiento de los plazos finales".
Como consecuencia de ello, según abunda el escrito, "el incumplimiento de algunas de estas obligaciones implícitas en los plazos adecuados, anticipa, de forma manifiesta, el incumplimiento anticipado de la obligación reglamentaria, cuando afectan a acciones que forman parte del 'camino crítico' de la programación global de la actuación".
En este contexto, considera de "vital importancia" que los posibles incumplimientos de las obligaciones asumidas por los Estados miembro en el desarrollo de los Corredores de la Red Principal de la Red Transeuropea de Transportes "se detecten de forma precoz, a fin de poder adoptar las medidas correctoras con la antelación necesaria para reducir la situación y minimizar los efectos sobre la red".
PREVISIONES DE LOS PGE
Señala la denuncia que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de España para el año 2015 "prevén una partida presupuestaria de 50 millones para la conexión ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla".
"El desfase que puede apreciarse entre los recursos dedicados por el Estado español en el ejercicio 2015 al desarrollo del tramo Algeciras-Bobadilla de los corredores Atlántico y Mediterráneo pone de manifiesto un incumplimiento de las obligaciones que se derivan del Reglamento 1316/2013, dado que se imposibilita la ejecución en el año 2015 de ciertas actuaciones necesarias para la finalización de la actuación en el 2020", recalca.
En este sentido, abunda que "estas actuaciones que no se podrán ejecutar" forman parte del 'camino crítico' en términos del programa de trabajo del proyecto y, por tanto, "cualquier retraso en las mismas supondrá un retraso en el resultado final, sin que puedan ser compensados con una mayor dotación presupuestaria en los próximos ejercicios".
Resalta que este "incumplimiento" generará, además, "perjuicios de difícil cuantificación en otros agentes públicos y privados involucrados en el desarrollo de los Corredores Atlántico y Mediterráneo, que en sus respectivos planes de viabilidad contemplen la disponibilidad de la infraestructura en las fechas que figuran en la normativa de la UE de directa aplicación".
Por todo ello, solicita a la Comisión Europea, dentro de sus competencias de garante de los tratados, que "requiera al Gobierno español a fin de que acometa las actuaciones necesarias a ejecutar para cumplir los plazos previstos en el reglamento 136/2013, instando en el caso de no ser atendido tal requerimiento la preceptiva acción ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas".
