El Juzgado deniega la medida cautelar para mantener abierto los 'chiringuitos' de Puerto Sherry en El Puerto (Cádiz)

CÁDIZ 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz número tres ha denegado la medida cautelar solicitada por uno de los empresarios de los tres establecimientos de hostelerías ubicados en Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María (Cádiz), que deben poner fin a su actividad este 6 de julio.

En el auto, recogido por Europa Press, la representación de uno de los establecimientos solicitaba una medida cautelar ante el decreto del Ayuntamiento de El Puerto que comunicaba a las mercantiles Enjoy Sherry, S.L. (PhiPhi), Pentágono Escaleno S.L. (Blue Playa Canalla) y Beatuty Beach S.L (Margarita) que, de conformidad con los decretos de 29 de marzo y 29 de mayo del año en curso, la actividad ocasional de barquiosco se encontraba autorizada hasta el domingo 5 de julio, por lo que debían cesar en la actividad a las 00:00 hora del lunes 6 de julio.

Además, el decreto señalaba que el plazo de desmontajepara instalaciones temporales se fija en diez días desde la conclusión del plazo determinado en la Autorización de la actividad, por lo que en diez días desde el 5 de julio deben proceder al desmontaje de las instalaciones temporales.

Cabe recordar que ya el Ayuntamiento resolvió recientemente inadmitir la solicitud presentada por las tres empresas mercantiles para la autorización de la actividad ocasional de bar-quiosco (establecimiento de hostelería sin música), por un período comprendido entre el 5 de julio y el 13 de septiembre de 2026.

Así, interpusieron al Juzgado la medida cautelarísima de suspensión del artículo 135 de la ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, alegando que la expulsión causaría perjuicios de imposible reparación, tal y como se recoge en el artículo 111 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En el auto, el Juzgado ha suelto denegar dicha medida cautelar recordando, entre otras cuestiones, que la vigencia de la actividad autorizada ya se especificaba en el decreto de la propia autorización de la actividad, el Decreto 155/2018, que finalizaba el 5 de julio de 2026, por lo que el último decreto del Ayuntamiento "se limita a concretar el horario de cierre, el plazo máximo para el desmontaje de las instalaciones y la posibilidad de acudir al auxilio de la fuerza pública para el caso de que el destinatario no cumpla lo previsto".

"La suspensión del Decreto 2026-4098 (del Ayuntamiento), tal y como se pide en la demanda, no provocará que por arte de magia la autorización de bar kiosko se extienda más allá del día 5 de julio, porque la resolución que determina la fecha es firme y consentida, y conocida por el destinatario desde marzo de 2026", señala el Juzgado en su auto, que apunta que "la suspensión del decreto no produce per se que la autorización para el establecimiento del Bar Kiosko se extienda más allá del 5 de julio".

El auto de la Sección de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Instancia de Cádiz número tres señala que "en realidad la actora no pretende la suspensión del acto administrativo, sino la autorización de la prórroga que le ha sido inadmitida a trámite, y todo ello por la vía de una medida cautelar inaudita".

Asimismo, insiste en que la situación de la parte recurrente "es la misma que la que tenía cuando fue dictado en marzo el Decreto 2026-1689, que es firme" y recuerda que "la autorización fue concedida por el Decreto 2026-1689 hasta el 5 de julio porque la entidad arrendadora, La Marina de El Puerto, no contaba con autorización del titular del dominio público portuario (la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz) para la instalación de kioskos desmontables y a fecha de 3 e julio de 2026 sigue sin constar dicha autorización".

En este sentido, el auto recuerda que "los ayuntamientos no podrán conceder licencia sin la aportación previa de las autorizaciones, concesiones e informes sectoriales preceptivos que deban otorgar otras administraciones públicas", que en este caso sería la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz.