'Kichi' pide al Gobierno que las medidas de protección a familias vulnerables no sean discriminatorias

CÁDIZ 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha criticado que las medidas urgentes de protección social aprobadas por el Gobierno en el Real Decreto-Ley 37/2020 "discriminen a las familias vulnerables que no tienen la luz contratada con una comercializadora de referencia" y ha pedido "que no se corte la luz a ninguna familia vulnerable en su primera residencia". Así, ha reclamado al Gobierno que articule medidas "que no sean discriminatorias".

En una nota, el alcalde ha pedido igualmente a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que "considere a los consumidores vulnerables por su condición, y no evaluándolos a partir de la compañía con la que tengan contratada la luz".

A diferencia de las medidas de protección que se adoptaron en abril y que impedían el corte de suministro eléctrico de todas las familias en su primera residencia, el Real Decreto 897/2017 considera solamente familias en situación de vulnerabilidad a aquellas beneficiarias del bono social, es decir, a las acogidas al precio voluntario para el pequeño consumidor (PVPC), aquellas que tienen su suministro eléctrico en el llamado mercado regulado, y acreditan unos requisitos económicos o son familias numerosas independientemente de su renta, lo cual deja fuera de su aplicación automática a todos los clientes y clientas de la comercializadora municipal Eléctrica de Cádiz.

"Este decreto sólo protege de manera automática a las personas beneficiarias del bono social y pone en segunda clase a todos los demás. Que no lo vendan como que están protegiendo a todas las familias vulnerables porque no es lo mismo tener el bono social que ser vulnerable, aunque la normativa así lo recoja", ha señalado el alcalde.

Según se recoge en la medida aprobada por el Gobierno, la prohibición de la suspensión de suministro se aplicará también a aquellos consumidores que, no pudiendo acreditar la titularidad del contrato de suministro, cumplan con los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, de acuerdo con el artículo 3 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, mediante acreditación por certificación de dicha circunstancia por los servicios sociales competentes o por mediadores sociales ante la empresa suministradora.

En este sentido, el alcalde de Cádiz ha expuesto que "con esta medida además se atribuyen funciones a los ayuntamientos sin dotarlos, una vez más, de recursos económicos ni técnicos para su desempeño, y deja la responsabilidad de protegerse a los clientes de las empresas eléctricas", al tiempo que ha considerado "lamentable" que "el PSOE siga haciendo leyes que protegen más a las grandes eléctricas que a la gente".

"España es uno de los países donde más pobreza energética se sufre, donde la electricidad es más cara y donde, al mismo tiempo, las grandes eléctricas hacen más caja. Y la responsabilidad es de los que llevan décadas haciendo leyes que no ponen en el centro a las personas, si no los negocios de unos pocos", ha afirmado José María González.

Según ha señalado el alcalde, "en otros países de la Unión Europea por ley, sin estado de alarma ni nada, las eléctricas no pueden cortar la luz en invierno". "Y aquí nos venden como el gran avance en derechos que vayan a impedir los cortes a los beneficiarios del bono social y a quien consiga un informe de vulnerabilidad. No mire, esto es injusto, discriminatorio y lo peor es que deja a miles de familias que lo están pasando mal fuera", ha argumentado González.

Asimismo, ha afirmado que "se necesita que todas las comercializadoras, no sólo las del oligopolio y tres más, puedan dar el bono social, porque con este sistema se produce una transferencia permanente de recursos y clientes de las pequeñas empresas a las cinco grandes".

José María González ha señalado que el Gobierno debe regular el derecho a la energía de la gente "bajo el principio de precaución", y que los cambios "son urgentes en la actual situación de emergencia social, porque no se trata de poner una excepción a la norma donde quepa alguien más, sino de hacer un decreto justo, que proteja a toda la gente que necesita ser protegida".