SEVILLA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PSOE-A y la abstención de PP-A y Ciudadanos (Cs), pedir que la Junta, en un plazo de dos meses, se reúna con las familias de las llamadas 'corralas' de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) y con los bancos y la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y aporte un alquiler social, ofreciéndose, según el caso, a abonar un 50 por ciento del alquiler para garantizar la operación.
El Pleno ha rechazado así uno de los dos puntos de una proposición no de Ley (PNL) defendida por Podemos que, en esta petición, sólo ha contado con el apoyo de IULV-CA, ya que PSOE-A ha votado en contra y PP-A y Cs se han abstenido.
En cambio, sí ha resultado aprobado el primer punto de esta iniciativa, por lo que desde el Parlamento se reclama que el Gobierno andaluz mapee, en un plazo de dos meses, todas las 'corralas' de Sanlúcar de Barrameda y establezca contacto con las familias que residen en ellas y con las entidades propietarias de las mismas, es decir, principalmente con los bancos y la Sareb. Este punto ha contado con el voto a favor de todos los grupos excepto el PSOE-A, que ha votado en contra.
En defensa de la iniciativa, el diputado de Podemos Jesús Rodríguez ha argumentado que la Constitución garantiza el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía, y en ese marco, los poderes públicos con competencia en la materia deberían promover el uso y carácter social y habitacional de las viviendas.
"Es conocida la situación de desempleo y precariedad que sufre Sanlúcar de Barrameda, y ante esa situación de vulnerabilidad y de emergencia, numerosas familias han tenido la necesidad de ocupar de forma provisional edificios en manos de bancos o de la Sareb esperando una acción del ayuntamiento de su ciudad o de la Junta de Andalucía que les permita salir de esa situación de interinidad y angustia", ha relatado Podemos.
Asimismo, ha destacado que en algunas ocasiones se han abierto vías de diálogo entre familias y bancos para buscar soluciones de alquiler social que pudieran cubrir las expectativas de todas las partes, consolidando la función social de la vivienda en primera instancia. Pero, para ello, Podemos ha señalado la necesidad de que una administración medie en la operación y se ofrezca a dar las garantías necesarias para la misma.
PSOE-A PIDE NO HACER "DEMAGOGIA"
En el turno de los grupos, la parlamentaria del PSOE-A Beatriz Rubiño ha criticado que Podemos plantee una PNL como solución a esta problemática cuando "siempre que se sube a esta tribuna dice que no cree" en dichas iniciativas, y ha llamado a "no hacer demagogia".
Desde el "máximo respeto" a las familias de estas 'corralas', que "arrastran una situación dramática desde hace meses e incluso años", la socialista ha explicado que "no entiende el contenido" de esta proposición no de ley, porque "nuestra obligación es mantener la legalidad", y las referidas viviendas "se han ocupado en precario, aunque sea por situaciones dramáticas", pero cometiendo una "ilegalidad". Además, ha defendido que Sanlúcar cuenta con una oficina para la vivienda digna que "viene realizando una labor ingente desde mayo del año pasado".
Para posicionar al PP-A ha intervenido la diputada Ana Mestre, quien ha defendido la mediación y que "las familias de las 'corralas' de Sanlúcar merecen una respuesta", y en esa línea ha criticado que en dicho municipio gaditano "hace más de doce años que no se construyen viviendas sociales". "De aquellos polvos vienen estos lodos", ha comentado, para apostillar que, en todo caso, el Grupo Popular "no justifica la 'patada en la puerta'".
La representante del PP-A ha señalado que "a la situación por la que pasan estas familias se le acumulan muchas otras cuestiones" al margen del "problema de la vivienda", y ha criticado que la Junta "se ha llevado una legislatura al completo sin plan de vivienda, cuando el Estatuto de autonomía reconoce que la política social de vivienda es competencia exclusiva" de dicha administración.
En representación de Ciudadanos (Cs), el parlamentario Carlos Hernández-White ha reconocido que el derecho de acceso a una vivienda "está recogido en la Constitución" española, y ha remarcado que su grupo "no está en contra de que se dé alquiler social a personas que lo necesiten, pero siguiendo unas normas y un marco legal que ya está establecido", porque, según ha agregado, "ya existe una oficina dedicada a eso". En esa línea, ha reivindicado que las normas sean "las mismas para todos", al tiempo que ha recordado que el Presupuesto es "limitado".
Finalmente, la diputada de IULV-CA Inmaculada Nieto ha llamado la atención sobre el "problema de primer orden" de los desahucios en Sanlúcar, donde son "muy numerosos" y denotan una situación de "pobreza y exclusión", según ha comentado, tras lo que ha apostillado que se han echado en falta "medidas a la altura del calado del problema que padecen" las familias de las 'corralas'. En esa línea, ha valorado el "nuevo paso" que se podía dar con esta iniciativa para "acabar con este problema".
