CÁDIZ, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Rafael Ricardi, el gaditano que pasó 13 años en prisión acusado de un delito de violación que no cometió y cuya sentencia de octubre de 1996 de la Audiencia Provincial fue anulada por el Tribunal Supremo el pasado mes de julio, ha solicitado una indemnización al Estado de diez millones de euros para el "mal funcionamiento" de la Justicia y el "error judicial" que le llevó a la cárcel.
Así lo explicó a Europa Press la abogada de Ricardi, Antonia Alba, que detalló que para determinar la cuantía de la indemnización han tenido en cuenta el tiempo privado de libertad mientras estuvo encarcelado más el periodo que permaneció en libertad condicional, que ha sido casi un año en el que Rafael Ricardi ha tenido que presentarse a firmar una vez fuera de prisión y que se había reconocido que se trataba de un delito que no había cometido.
Alba indicó que la reclamación tiene una argumentación jurídica y otra social en la que Ricardi explica lo que ha vivido durante sus 13 años de encarcelamiento, así como lo que no ha podido vivir y en la situación que se encuentra ahora, "prácticamente en la indigencia", ya que para diciembre o enero se le acaba el paro carcelario que ronda los 500 euros.
Tras la detención por parte de la Policía en junio de 2007 de un acusado de violación cuyas pruebas de ADN coincidían con el hallado en las pruebas de la violación que presuntamente había cometido Ricardi en 1996, comenzó un proceso para recuperar la libertad, que logró en 2008.
Posteriormente logró la anulación en julio de 2009 por parte del Tribunal Supremo de la sentencia condenatoria dictada por la Audiencia Provincial, argumentado que resultaba obligado estimar el recurso de la defensa, ya que existían "nuevos elementos de prueba que permiten acreditar de modo indubitado la inocencia del acusado", haciendo referencia en este punto al informe realizado el 22 de julio de 2008 por el Instituto de Toxicología de Sevilla.
En este informe, y tras un amplio y detallado análisis de un gran número de marcadores identificados y su comparación con el ADN de Rafael Ricardi y de otros dos nuevos sospechosos, se llega a identificar en los restos de semen perfiles genéticos que coinciden con certeza "casi total" con los correspondientes a uno de los sospechosos y con menos índice de probabilidad con el otro, mientras que no se han detectado restos de ADN perteneciente a Rafael Ricardi.
Por ello, estima que los resultados de estas nuevas pruebas genéticas "revelan datos nuevos y posteriores a la sentencia", mientras que la prueba de ADN "tiene un carácter técnico e identificador de superior valor que las pruebas en que la sentencia condenatoria se basó".
Así, añadía la sentencia del Supremo que, como el Ministerio Público señaló en su informe apoyando el recurso, "nos encontramos ante hechos nuevos, como son las pruebas de ADN realizadas sobre los perfiles genéticos hallados, con unas técnicas más precisas y avanzadas que permiten una mayor certeza individualizadora e identificadora que excluyen la participación de Ricardi y cuyo valor técnico y demostrativo es de tal contundencia que por sí solos evidencian con certeza su inocencia".
