Publicado 25/06/2026 17:00

El Pleno de la Diputación de Sevilla aprueba concertar una operación de crédito para financiar 50 VPO en Los Palacios

Imagen de recurso del Salón de Plenos de la Diputación, con el escudo de la Corporación en un primer plano
Imagen de recurso del Salón de Plenos de la Diputación, con el escudo de la Corporación en un primer plano - EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Plenario provincial, en sesión ordinaria, ha aprobado este jueves, 25 de junio, la concertación de una operación de crédito a largo plazo, mediante préstamos al promotor con garantía hipotecaria por importe máximo de 4,5Meuro, para la financiación de la promoción de 50 viviendas protegidas de régimen general, promovidas por Sevilla Activa en Los Palacios y Villafranca.

El acuerdo entre el presidente de la Diputación y el alcalde palaciego para regular la cesión del suelo y poner en marcha esta actuación se firmaba a principios de marzo pasado y el mandatario provincial abogaba entonces por ofrecer alternativas a "ese sector de la población desplazado dentro del mercado inmobiliario por sus altos precios".

"Es necesario meter dinero público para abaratar los precios, hay que considerar a la vivienda como un equipamiento", añadía Javier Fernández al respecto. En este sentido, las viviendas se ubican en la pedanía de Los Chapatales. Se trata de dos viviendas de una planta con dos dormitorios (adaptadas), y 48 viviendas de dos plantas, con tres dormitorios.

La adjudicación se realizará mediante sorteo público entre los peticionarios, conforme a los siguientes cupos: dos viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida; cinco viviendas para situaciones específicas (víctimas violencia de género, personas dependientes o con otras capacidades, emigrantes retornados); 33 viviendas para jóvenes menores de 35 años; y diez viviendas de cupo general.

En cuanto a los precios, son de casi 76.000 euros para las dos viviendas adaptadas (73,3 m2 útiles con cocina, salón-comedor, dos dormitorios y baño distribuidos en una planta), y algo más de 91.000 euros para las 48 restantes (88 m2 entre cocina, salón-comedor, tres dormitorios, aseo y baño, distribuidos en dos plantas), en ambos casos habría que añadir al precio el IVA correspondiente.

Como marca la Ley de Vivienda de Andalucía, para ser beneficiario de una de estas viviendas debe acreditarse disponer de recursos económicos para llevar una vida independiente con un grado adecuado de autonomía.

MOCIONES DE LOS GRUPOS POLÍTICOS

En el apartado de las proposiciones de los grupos políticos, PSOE, PP y Con Andalucía han refrendado el compromiso de la Diputación con la la comunidad LGTBI de la provincia y "la promoción de los derechos de todas las personas, la creación de espacios seguros y la prevención de cualquier forma de discriminación".

En definitiva, se trata de abogar porque "los pueblos y ciudades sevillanos deben ser lugares en los que cada persona pueda desarrollar libremente su proyecto de vida".

En esta línea, la Diputación pone el foco en "el papel fundamental que desempeñan las entidades locales en la promoción de entornos seguros y respetuosos, en los que la diversidad es valorada" y se reafirma en el impulso de políticas públicas que "fomenten la igualdad de trato y la protección de los derechos humanos y fortalezcan el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, incluidas las entidades LGTBI, en el diseño de dichas políticas".

El PSOE ha presentado una proposición relativa al censo de instalaciones y emplazamientos con amianto en las Entidades Locales andaluzas, que ha salido adelante con el voto favorable de PSOE, Con Andalucía y Vox, y el rechazo de PP.

El Partido Popular ha llevado un Plan Extraordinario de Revisión Excepcional de Precios que solo ha contado con el voto a favor del grupo proponente y de Vox, por lo que ha sido rechazada la moción.

El Grupo Con Andalucía ha propuesto medidas de mejora de la calidad de las escuelas infantiles, de 0 a 3 años, y de la dignificación del sector, que ha salido adelante, mientras que Vox planteaba una respuesta institucional ante los casos de corrupción del Gobierno de España que solo ha sido respaldada por los 'populares'.

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