Por Andalucía llevará a la Comisión Europea "la vulneración" de los Derechos Humanos a los temporeros en Huelva

El portavoz de Por Andalucía en Huelva, Marcos Toti (centro), acompañado del portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique de Santiago (izquierda) y el diputado de Sumar Francisco Sierra.
El portavoz de Por Andalucía en Huelva, Marcos Toti (centro), acompañado del portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique de Santiago (izquierda) y el diputado de Sumar Francisco Sierra. - POR ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 16 abril 2026 16:02

HUELVA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Por Andalucía ha anunciado este jueves que llevará ante la Comisión Europea la situación de los asentamientos de población temporera migrante en la provincia de Huelva, después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado la propuesta para crear un comisionado que coordine las actuaciones de las distintas administraciones.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la iniciativa, defendida en la Cámara Baja por el diputado de Izquierda Unida-Sumar Francisco Sierra, fue rechazada con los votos en contra de PP, Vox, PNV y Junts.

De este modo, el portavoz de la coalición andaluza en Huelva, Marcos Toti, quien como impulsor de la iniciativa estuvo presente este miércoles en el Congreso, ha calificado esta decisión como "un nuevo ejemplo de falta de humanidad" ante una realidad que consideran "inadmisible".

"La derecha del PP junto a la extrema derecha y las derechas catalana y vasca, se han puesto de acuerdo para votar en contra de que se cumplan los derechos humanos en Huelva", toda vez que ha recordado que PP y Vox "ya se pusieron de acuerdo en la Diputación de Huelva para votar en contra a esta misma propuesta el pasado año".

Desde Por Andalucía han subrayado que la creación de este comisionado tiene como objetivo "coordinar los trabajos que tienen que realizar ayuntamientos, Diputación, Junta de Andalucía y Gobierno de España para erradicar los asentamientos chabolistas y dar una solución digna a las y los jornaleros migrantes".

En este sentido, han señalado que en la provincia "hay entre 3.000 y 5.000 trabajadores migrantes, dependiendo de la temporada", vinculados a la campaña de los frutos rojos que "generan riqueza y sostienen una parte fundamental de la economía onubense", pero que, sin embargo, "se ven obligados a vivir en condiciones de infravivienda, sin acceso a derechos básicos".

La coalición ha alertado además de "la gravedad" de la situación en estos asentamientos, señalando que "desde 2020 se han registrado más de 30 incendios y que al menos cinco personas han perdido la vida como consecuencia de estos siniestros".

Por Andalucía ha señalado que el rechazo por parte de las derechas a esta medida responde a "una voluntad política de mantener invisibilizada" a esta población, y han critiado que "se les quiere sin derechos, sin papeles, escondidos y alejados de los núcleos urbanos", lo que, a su juicio, "favorece situaciones de explotación laboral por parte de una minoría de empresarios que se aprovechan de la precariedad de esos miles de migrantes y pagarles mucho menos del convenio en unas condiciones de semiesclavitud".

Tras el resultado de la votación, la coalición ha decidido dar "un paso más" y "llevar" el problema a las instituciones europeas. Para ello, Toti ya ha contactado con el grupo de Sumar en el Parlamento Europeo y con la eurodiputada Estrella Galán. "Vamos a llevar la dejadez e inacción del Partido Popular a la Unión Europea", han señalado, criticando también las declaraciones de la diputada popular Bella Verano, quien aseguró que el Gobierno andaluz "está solucionando el problema de los asentamientos".

Desde Por Andalucía han asegurado que esta afirmación "no se corresponde con la realidad" y han criticado que, "lejos de avanzar en soluciones", las administraciones "siguen sin dar respuesta" a una situación que califican como "un incumplimiento flagrante de los derechos humanos".

La coalición ha insistido en que continuará trabajando "hasta que Huelva deje de ser conocida como la provincia donde se permite esta vergüenza", defendiendo que "el desarrollo económico debe ir acompañado "del respeto a la dignidad y los derechos de todas las personas que viven y trabajan en el territorio".

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