ALÁJAR (HUELVA), 28 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Alájar (Huelva) ha decretado un expediente de derribo de una construcción ubicada en la aldea denominada El Calabacino, ubicada en su término municipal y en pleno parque natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, al encontrarse en suelo no urbanizable y realizarse sin la pertinente licencia y sin cumplir ningún parámetro legal con madera y alpacas de paja. A su vez, el Consistorio ha abierto otros expedientes sobre 20 viviendas para comprobar si cumplen con los requisitos legales.
En esta aldea conviven más de un centenar de personas en sus viviendas, entre las que hay que distinguir las construcciones históricas o antiguas de aquellas otras que "no cumplen ningún parámetro legal", ha informado en declaraciones a Europa Press la alcaldesa de la localidad, la socialista Carmen Osorno.
En este sentido, ha asegurado que con "las primeras no existe, salvo error, ningún problema, sin embargo, con las segundas sí, ya que estas construcciones se han realizado sin la pertinente licencia y sin cumplir ningún parámetro legal".
Osorno ha remarcado que "la mayoría carecen de licencia o se han excedido en la misma, y se han realizado al margen de cualquier normativa aplicable". No obstante, asegura que, una vez detectadas dichas construcciones irregulares, se han aperturado los diferentes procedimientos de protección de la legalidad urbanística.
Primero el de legalización y, en su caso, el de restauración del orden físico alterado, a fin de darle una mayor garantía a los administrados. En cualquier caso, siempre se han incoado de forma paralela los procedimientos sancionadores, paralizados al dar traslado al Ministerio Fiscal, una situación que conllevará aparejada, en bastantes casos, multas y demolición de lo ilegalmente construido.
Cabe recordar que sobre la alcaldesa pesa una denuncia presentada por la Fiscalía en los juzgados de instrucción de Aracena por un delito de prevaricación al considerar que no ha actuado en al menos 22 viviendas construidas ilegalmente en la citada aldea.
Esta situación fue detectada por agentes de medio ambiente del parque natural y por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que comunicó a esta Fiscalía en febrero de 2014 sobre la existencia de una construcción residencial que había sido finalizada en 2006, que carecía de licencia y que, por estar hecha de madera y alpacas de paja, suponía un grave riesgo de incendios forestales. Esta vivienda precisamente es sobre la que el Ayuntamiento ha ordenado el derribo.
Dado que la construcción estaba penalmente prescrita la Fiscalía se puso en contacto con el Ayuntamiento para que, en el ámbito de sus competencias, actuara para restaurar de la legalidad urbanística, ya que se trataba de suelo protegido, y que le informara sobre hechos que puedan constituir desobediencia penalmente relevante, sin embargo no consta la apertura de ningún expediente al alegar la alcaldesa "falta de medios" en el Consistorio.
DOS AÑOS DE PRISIÓN
A su vez, sobre esta vivienda en concreto a la que el Ayuntamiento ordenó el derribo hace dos semanas con el plazo de un mes, la Fiscalía ya ha formulado escrito de acusación contra sus propietarios y solicita la pena de dos años de prisión y el pago de una multa de casi 3.000 euros, a razón de siete euros diarios durante 14 meses, así como la inhabilitación especial por dos años para oficio de promotor y constructor, por un delito contra la ordenación del territorio.
En concreto, el fiscal considera que ambos, en calidad de promotores y constructores, llevaron a cabo la edificación de esta vivienda tras adquirir la parcela en escritura pública en marzo de 2015, haciéndose constar la inexistencia de edificación alguna.
Esta edificación se encuentra situada en suelo no urbanizable de especial protección por estar enclavada dentro del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, y el fiscal considera que los acusados no solicitaron licencia municipal ni autorización de la Dirección del Parque Natural, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Precisamente, la Fiscalía ha acordado la demolición de la edificación reseñada en la conclusión primera a cargo de los acusados y previa elaboración por los mismos de un proyecto técnico que, con licencia del Consistorio y el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, garantice la restauración total del espacio natural afectado.
"CUMPLIMIENTO ESCRUPULOSO"
Sin embargo, la alcaldesa ha asegurado que su voluntad "siempre ha sido el cumplimiento escrupuloso de la legalidad, sirviendo con objetividad los intereses generales, y actuando de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho".
Lo que implica, según ha añadido, "como no podía ser de otra manera, la estrecha colaboración con diferentes órganos judiciales en defensa de la legalidad vigente". En otro orden de cosas, se ha planteado en el Ayuntamiento propuestas para dar un encaje legal a esas construcciones, pero las figuras existentes en el marco legal "no permitirían garantizar la viabilidad de las mismas".
Al respecto, ha asegurado que el Ayuntamiento está en contacto con las administraciones competentes sobre esta materia, a fin de que intenten ofrecer una solución a las demandas planteadas por los vecinos, al carecer de competencias en la materia.
Ahora bien, desde el Consistorio han indicado que, "en cualquier caso, la solución pasa siempre por el cumplimiento de la legalidad vigente, el compromiso ambiental, ya que la vida ecológica o alternativa no se encuentran al margen del ordenamiento, y por muy loables que sean sus intenciones, se encuentran supeditados a éste".
Otro problema añadido, según ha señalado la alcaldesa, es la falta de medios personales y materiales, al depender de otras administraciones como la Junta de Andalucía o la Diputación y asegura que desde la institución provincial les está prestando diversos servicios de asesoramiento y apoyo técnico y jurídico sobre estas cuestiones.
PORTAVOZ DE LOS VECINOS
Por su parte, la portavoz de la asociación de vecinos 'Raíces del Calabacino', Cecilia Rodríguez, ha remarcado que "en la aldea en la que viven 115 habitantes, de ellos 40 niños, en 45 viviendas todos hemos comprado las fincas y hemos ido construyendo nuestras casas, algunas desde ruinas y otras desde cero desde hace unos 40 años", sin conocer si alguna de ellas se ha saltado algún trámite legal.
En este punto, ha dejado claro que es una población "sensible con el medio y que todas son primeras viviendas de estas familias, son humildes, bioclimáticas y en un 99 por ciento de los casos lo han hecho las propias familias".
"Mostramos nuestro malestar y nuestra sorpresa por los hechos, pero nos encontramos fuertes y unidos", aseguran desde la asociación de vecinos, los cuales viven con una economía de autosuficiencia para sobrevivir, agricultura ecológica, energías renovables y pozos para extraer el agua.
Por todo ello, la asociación quiere abrir una vía judicial, por lo que han encargado informes de impacto ambiental y de prevención de incendios entre otros, y ha contactado con el letrado Ignacio Segura, ya que consideran que sus viviendas "no son perjudiciales para el medio ambiente sino todo lo contrario".
