Archivo - Fachada del edificio del Ayuntamiento de Huelva. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo
HUELVA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de Huelva ha solicitado al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones una "financiación extraordinaria estatal" para hacer frente al Real Decreto sobre el proceso de regularización de migrantes impulsado por el Gobierno central, ya que el mismo está generando un "incremento excepcional de costes municipales".
A través de un escrito firmado por la alcaldesa, Pilar Miranda, consultado por Europa Press, y adelantado por Huelva Información, se indica que dicho proceso está provocando "una incidencia directa, real y no prevista sobre los servicios y recursos municipales" y, por ello, "se hace necesaria la articulación urgente de una aportación económica extraordinaria suficiente para atender tales necesidades sobrevenidas".
Asimismo, el Ayuntamiento alega, a través de un estudio elaborado por técnicos municipales, que se ha producido una "saturación por demanda masiva de informes de vulnerabilidad", ya que desde su entrada en vigor, desde el Ayuntamiento se asegura que se han contabilizado "aproximadamente 1.000 solicitudes de informes", lo que ha generado "un bloqueo en las agendas de cita previa y atención, imposibilitando una respuesta ágil y de calidad".
Además, el Ayuntamiento señala que el Servicio de Atención al Ciudadano "se encuentra igualmente desbordado, habiendo atendido ya a cientos de personas específicamente por consultas y trámites relacionados con este asunto".
Por otro lado, el Consistorio indica que hay "barreras idiomáticas y brecha digital", por lo que la atención a estos solicitantes "requiere un tiempo por expediente muy superior al ordinario"
Por otra parte, el documento del Consistorio señala que la "necesidad" de un informe técnico para acreditar la vulnerabilidad es "innecesario" dado que "la situación de irregularidad administrativa conlleva una condición intrínseca de vulnerabilidad social", por lo que este requisito "obliga a los Servicios Sociales a certificar una realidad ya evidente, generando un procedimiento burocrático redundante que podría haberse omitido".
Al respecto, desde el Consistorio se apunta a este requisito como "la causa principal del colapso" de los servicios, "al exigir valoración técnica para un hecho que ya debería reconocerse de oficio dada la situación legal de los solicitantes".
Por ello, desde el Ayuntamiento se asegura que, pese a contar con una Oficina de Atención al Migrante, "dicho recurso se encuentra actualmente desbordado", ya que a la carga habitual de informes de integración social por razones de arraigo, "se le ha sumado esta demanda extraordinaria, superando con creces la ratio de atención asumible por la técnico contratada".
Por otra parte, el informe considera "discriminatorio" la dilación o el retraso que se producirá en el trámite ordinario de los informes de arraigo "dado que la prioridad, en este momento, es la atención a la regularización extraordinaria de las personas migrantes dado que el plazo establecido tan corto y sin sentido que se establece en la normativa personas migrantes de ambos procedimientos".
Así, se insiste en que es "inviable compatibilizar la atención a implementación del Real Decreto", ya que este "no ha venido acompañada de una dotación presupuestaria extra para refuerzo de personal", lo que conlleva, a juicio del Ayuntamiento de "saturación del personal de apoyo, ya que conserjes y auxiliares administrativos están asumiendo labores de triaje que no les corresponden; y retraso en la emisión de informes de integración social".
Por todo ello, el informe concluye que la "situación actual es insostenible con los recursos humanos existentes" y "compromete seriamente el derecho de la ciudadanía a recibir atención en programas básicos de bienestar social, como son Dependencia, Servicio de Ayuda a Domicilio, acceso a recursos sociales básicos, en definitiva, las competencias propias que establece la ley de Régimen Local y la ley de SS.SS. de Andalucía".