EUROPA PRESS/AYUNTAMIENTO
CARTAYA (HUELVA), 01 (EUROPA PRESS)
El alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán (PSOE); los concejales y tenientes de alcalde Bernardino Marañón, María Jesús Arriero y Josefa I. González Bayo, así como los empleados municipales a los que la empresa mercantil Santa Clara S.C. denunció por un supuesto de prevaricación por la concesión de una licencia de primera ocupación en la urbanización de lujo Villas del Rompido, han iniciado los trámites para formular una querella por calumnias contra la citada empresa, "por poner en entredicho nuestra honorabilidad y atacar a nuestra imagen".
Según ha informado el Consistorio en una nota, el primer edil cartayero ha comunicado al Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Ayamonte su intención de querellarse contra los representantes de dicha empresa, después de que el citado juez acordara el pasado 7 de febrero el sobreseimiento y archivo de las diligencias previas iniciadas a raíz de la denuncia de la empresa inmobiliaria.
De este modo, recuerdan que el juez dictó auto de sobreseimiento y archivo, tras el informe favorable del Ministerio Fiscal, y argumentando que "no hay indicio alguno de delito" y que, por tanto, el procedimiento administrativo seguido en el otorgamiento de la citada licencia, se ha ajustado a la legalidad vigente.
Por ello, llegados a este punto, tanto el alcalde como su equipo de Gobierno y los empleados municipales inician ahora el procedimiento para exigir el resarcimiento por los daños causados por considerar que gran parte de las expresiones contenidas en la denuncia son "injuriosas o calumniosas y atentan directamente contra su imagen y honorabilidad".
Asimismo, recuerdan que el alcalde ya anunció que donará la indemnización que de estas querellas pueda derivarse a la Fundación y al Centro de Mayores y Dependientes de Cartaya, "para que la sociedad cartayera pueda sacar al menos algo positivo de esta denuncia infundada, de este proyecto de delito que obedece a un montaje premeditado y que se ha utilizado de manera mediática, toda vez que resulta ya irreparable el daño moral y de imagen que ha ocasionado al buen nombre de la Institución y de quienes la representamos y en ella trabajamos".
"INTERESES URBANÍSTICOS"
Por su parte, el alcalde de Cartaya, Juan Antonio Millán, ha recordado que detrás de esta denuncia está una empresa mercantil, con intereses urbanísticos "muy concretos", que mantiene una "vendetta" con la Promotora, la empresa Marina El Rompido, en el marco de la cual ha querido salpicar al Ayuntamiento para "presionar y utilizar a la Justicia con fines privados".
En esta línea, el primer edil ha criticado que, "en el marco de una auténtica campaña de desprestigio contra la institución y el alcalde, y de judicialización de la política municipal, algunos grupos de la oposición utilizaron la denuncia y las diligencias previas para atacar la gestión urbanística de este Ayuntamiento, y la del regidor local, al que incluso se le pidió que abandonara la Alcaldía".
En consecuencia, ha insistido en pedir a "quienes se han sumado a la denuncia sin saber siquiera de qué se trataba, que asuman las decisiones judiciales y rectifiquen, retractándose en la misma medida y pidiendo disculpas públicamente por el daño causado al honor y a la imagen pública de estas personas y sus familias".