CCOO expone a la subdelegada del Gobierno en Huelva algunas de sus "principales preocupaciones" en la provincia

HUELVA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de CCOO Huelva han mantenido un encuentro institucional con la subdelegada del Gobierno, María José Rico. Una primera toma de contacto en la que ambas instituciones han intercambiado impresiones sobre algunos temas de interés que preocupan al sindicato.

Según ha indicado el sindicato en una nota de prensa, durante la reunión, la secretaria general, Julia Perea, acompañada por el responsable de Medio Ambiente, Diego Román, le ha transmitido a la subdelegada sus preocupaciones y han abordado diversos temas de gran relevancia, como reforzar la inspección de trabajo en la provincia.

"Es esencial dotar a la inspección de más recursos para abordar todas las irregularidades que suceden en el ámbito laboral, muchas de las cuales suponen infracotizaciones a la Seguridad Social que causan un perjuicio tanto a los trabajadores y trabajadoras como a la bolsa de la que después se pagan prestaciones tan importantes como las pensiones", ha explicado Perea.

Al respecto, el sindicato estima "insuficiente" la actual plantilla, de aproximadamente veintiocho inspectores y subinspectores activos, para "hacer frente a una población asalariada de alrededor de doscientas cincuenta mil personas en diversos sectores productivos".

Entre otros temas, CCOO ha presentado a la subdelegada la propuesta de regularización extraordinaria para las personas en situación de irregularidad que viven en los asentamientos chabolistas, propuesta que ha sido elaborada junto con Asaja y a la que también Interfresa se ha sumado. El sindicato considera "fundamental" implementar medidas que permitan a las personas acceder a una vivienda y empleo en igualdad de derechos que el resto de los trabajadores y trabajadoras.

"Es importante destacar que las ayudas provenientes de la Agenda 2030 son muy positivas para ofrecer una salida habitacional a los asentamientos chabolistas, y por primera vez hay una propuesta por parte de la administración en este sentido, y a pesar de que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos, desde el Gobierno se han destinado 2,7 millones de euros para estos proyectos, en el que en principio solo tendrán cabidas las personas en situación de regularidad", ha comentado Perea.

Al respecto, según ha explicado Perea, "aproximadamente un 50% de personas que viven en los asentamientos están en situación de irregularidad", por lo tanto, "es fundamental poder legalizar su situación mediante un empleo para que después puedan acceder a una vivienda".

Se ha tratado también las cifras de siniestralidad laboral, planteándose desde el sindicato "la necesidad de más inspectores para garantizar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos laborales".