HUELVA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario de Ciudadanos (Cs) por Huelva y portavoz adjunto del partido liberal en el Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha criticado este sábado que hay "presiones" del Gobierno a los alcaldes de la Corona Norte de Doñana mientras se tramita la ley de reordenación de los regadíos.
Así lo ha manifestado el parlamentario en un comunicado, donde ha anunciado que su grupo va a citar en el Parlamento de Andalucía, dentro del trámite de audiencias y comparecencias de la tramitación de la Ley de la Reordenación de los Regadíos de la Corona Norte Forestal de Doñana, a la presidenta de la Diputación de Huelva, María Eugenia Limón, y a los cinco alcaldes de las localidades que están en el ámbito de la Corona Norte Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado.
Además de conocer su valoración y propuestas sobre este proyecto de ley, Ciudadanos, según ha explicado Díaz, quiere conocer si estos ayuntamientos "han recibido, como le ha ocurrido al de Lucena del Puerto, Moguer y Almonte, notificaciones de resoluciones del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir comunicándoles que pasan de ser responsables subsidiarios a responsables solidarios por las cesiones de monte público donde hay fincas de frutos rojos".
El parlamentario liberal ha detallado que, con este cambio, los consistorios tienen que "hacer frente" a sanciones si no colaboran en el control del uso de los pozos ilegales, "cosa que ya hacen".
"El organismo de cuenca les exige inutilizar los pozos, levantar las parcelas y desmantelar los elementos para el uso de las balsas, además de que les comunica sanciones por incumplimiento pese a que nunca antes les había pedido esta responsabilidad", ha criticado Díaz, que ve "un intento de presión del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir a estos alcaldes justo en día en el que se estaba debatiendo en el Parlamento la tramitación de esta proposición de ley".
El portavoz naranja, que también se ha interesado por "conocer si estos ayuntamientos cuentan con recursos suficientes para hacer frente a estas sanciones", ha insistido en que "no es normal que el 9 de febrero los registros de los ayuntamientos estuvieran recibiendo estas notificaciones, a modo de presión desde el Ministerio y el organismo de cuenca que dirige Joaquín Páez, mientras se estaba debatiendo en el Parlamento la proposición de ley".
Díaz, que ha exigido a los parlamentarios socialistas "una rectificación de la ministra Ribera, que nos llamó mentirosos", ha recordado que el objetivo de esta ley es "solventar un problema que generaron el PSOE e IU con la ordenación de la Corona Norte de Doñana en 2014, dejando fuera a muchos agricultores que ya cultivaban frutos rojos en la zona entonces", y que "debe ir en paralelo a la construcción de las obras del Anexo 1 de la Ley del Trasvase, aprobada en 2018, entre ellas el desdoble del túnel de San Silvestre y la ejecución del trasvase, para que el agua llegue en superficie y se puedan cerrar todos los pozos, también los legales, de modo que no sea necesario utilizar el agua subterránea y así recuperar el acuífero del parque".
"Esta es la mejor forma de preservar Doñana y hacerlo compatible con la actividad del hombre en su entorno, una actividad que genera riqueza y empleo en torno al fruto rojo, uno de los pilares de la economía onubense", ha asegurado.
Finalmente, el parlamentario onubense, que ha insistido en que el agua en superficie va a sustituir al agua subterránea, ha señalado que "recientemente, este mismo mes de febrero, ya en situación de sequía, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha autorizado el riego con agua subterránea en 13 fincas de Almonte, curiosamente propiedad de los regantes que se han salido de la plataforma".
