Desestimada la querella de la Mesa de la Ría por la concesión de la AII a Fertiberia

Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 28 mayo 2010 21:03

HUELVA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha desestimado la querella presentada por la Asociación Mesa de la Ría contra la ex delegada de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en Huelva Isabel Rodríguez por presuntas irregularidades en la concesión de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) a Fertiberia, ubicada en el Polo Químico de Huelva, que permite a la empresa continuar su actividad, por no ser los hechos denunciados constitutivos de infracción penal.

Según reza el auto judicial, al que tuvo acceso Europa Press, esta querella se formuló por delito de prevaricación contra la delegada porque el 29 de abril de 2008, la querellada dictó resolución por la que se concedía a la empresa Fertiberia la AII que habilita a dicha mercantil para ejercer actividad de fabricación de ácido fosfórico y abonos fosfatados, así como actividades anejas a dicha producción en el termino municipal de Huelva.

La citada autorización vino precedida del correspondiente expediente administrativo en el que cabe destacar que con fecha del 23 de diciembre de 2006, Fertiberia presentó ante la delegación provincial de Huelva una solicitud de otorgamiento de AII para instalación de una factoría de producción ácido fosfórico y abonos fosfatados en la avenida Francisco Montenegro.

El Juzgado estima que no existe delito de prevaricación en los hechos, partiendo de la existencia de que no puede declararse caducado el título habilitante de los vertidos, sin vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de la empresa, que está pendiente de su recurso ante el Tribunal Supremo, así como del carácter no vinculante de los informes a los que se aludía en el escrito de querella de donde se desprende que "ni siquiera quedan constatada la existencia de las irregularidades administrativas denunciadas".

La asociación ecologista denunció estos hechos, ya que alegó que "pese a existir informes desfavorables por parte del Ayuntamiento de Huelva y de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente Rural y Marino (MARM), la Junta concedió la AII", algo que finalmente ha sido desestimado por el Juzgado al no ver en ello delito de prevaricación.

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