HUELVA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El sindicato UGT de Huelva rechazó hoy la medida propuesta por el alcalde de Cartaya (Huelva), Juan Antonio Millán, y ratificada por la Comisión Onubense de Municipios con Inmigración, de trasladar el sistema de contratación en origen de inmigrantes desde la agricultura a otros sectores productivos, al considerar que "aumentaría aún más las altas tasas de temporalidad y precariedad del mercado laboral onubense".
Según expresó el secretario general de UGT en Huelva, Jorge Puente, en un comunicado remitido a Europa Press, la iniciativa del alcalde de Cartaya de extender los contratos en origen a sectores como la construcción, los transportes, el turismo o la restauración "fomenta un sistema de producción que basa el beneficio neto en la reducción de los costes por mano de
En este sentido, señaló que este tipo de medidas "pretende devaluar el coste de producción de los servicios, incide en el empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras y contribuye a la desregularización, la discriminación y la falta de derechos".
Para Puente, la idea de extender los contratos en origen a más sectores "contraviene la iniciativa de las administraciones en materia de formación ocupacional y profesional, devalúa la cualificación profesional de la clase trabajadora y actúa directamente en definir la temporalidad y precariedad como un hecho estructural del mercado, además de contribuir a la contratación temporal fraudulenta con la que muchos empresarios cubren puestos de trabajo indefinidos".
A su juicio, la medida sería "una contradicción, ya que en la agricultura hay cerca de 40.000 contratados en origen a los que no se les garantiza el trabajo diario".
De la misma forma, añadió que "otro de los factores a tener en cuenta es que multiplicar los contratos en origen podría suponer multiplicar también servicios como la educación, servicios sociales, sanitarios y comunitarios, por lo que cabría preguntarse si los municipios tendrían capacidad para garantizar estos servicios, o si detrás de ello no subyace la intención de privatizar o externalizar servicios esenciales para la comunidad e incluso establecer formas de financiación aunque sea atentando contra los derechos individuales de los trabajadores y trabajadoras".
