Huelva.- La Junta prohíbe la captura de moluscos entre la Torre del Loro y el final de Matalascañas por toxinas D.S.P.

Europa Press Andalucía
Actualizado: viernes, 6 julio 2007 19:22

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta en Huelva decretó hoy la prohibición de capturar y comercializar cualquier tipo de molusco en la zona de producción 10 del litoral onubense, correspondiente al área comprendida entre la Torre del Loro y el final de la playa de Matalascañas, debido a la presencia en los bivalvos de toxinas D.S.P., cuyo consumo puede producir trastornos gastrointestinales.

Esta resolución se produce tras los últimos análisis realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros, dependiente de la Junta de Andalucía y ubicado en Cartaya, que realiza una intensa labor de seguimiento de toda la costa para garantizar la salubridad de estos productos. Las inspecciones permanentes permiten reabrir las zonas en cuanto se comprueba que los animales están en perfectas condiciones.

Según informó la Junta en un comunicado remitido a Europa Press, los bivalvos generan la D.S.P. de forma natural cuando consumen un determinado tipo de microalgas, y queda alojada en su cuerpo. Al tratarse de un fenómeno natural, sólo un descenso en la concentración de las citadas algas puede devolver la normalidad a la zona afectada.

Con el cierre de hoy, se encuentra prohibido el marisqueo de todas las especies debido a la presencia de D.S.P. desde la zona exterior del dique Juan Carlos I --excluida la ría de Huelva- -hasta el final de la playa de Matalascañas. Asimismo, la toxina afecta a las chirlas (Chamelea gallina) entre la desembocadura del río Carreras y el cruce de la playa de La Bota; y a las coquinas (Donax trunculus) en la costa de Doñana, entre las desembocaduras de los ríos Guadiana y Carreras, y desde el Piedras al cruce de La Bota.

La Junta de Andalucía recordó que está prohibido el marisqueo sin la preceptiva licencia, con objeto de promover la conservación de los recursos marinos y salvaguardar los intereses de los pescadores. La normativa recoge sanciones cuya cuantía oscila entre los 301 y los 600.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.

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