Huelva.- Levantada la prohibición de mariscar en las marismas del Guadiana y el Carreras al desaparecer la salmonela

HUELVA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta en Huelva levantó hoy la prohibición de capturar y comercializar almejas finas, longueirones, navajas, berberechos y pirulos en la zona de producción del litoral onubense correspondiente a las marismas de los ríos Guadiana y Carreras, que se encontraba afectada por la presencia de salmonela desde principios de octubre pasado.

De esta forma, la Junta indicó en una nota que se permite el marisqueo de todas las especies en esta área productiva, salvo de la almeja babosa o madrealmeja, que se encuentra en periodo de veda aunque finaliza el 15 de noviembre.

Agricultura y Pesca ha decretado la reapertura de la zona tras los últimos análisis realizados por el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros, dependiente de la Junta de Andalucía y ubicado en Cartaya, que han revelado la desaparición de esta bacteria.

En este sentido, la Junta realiza controles de forma continua para comprobar el estado de los moluscos del litoral onubense y detectar cualquier anomalía que pueda desaconsejar su consumo. Las inspecciones constantes permiten levantar las prohibiciones en cuanto se comprueba que los animales están en perfectas condiciones.

En estos momentos, sólo está prohibido el marisqueo de almejas finas en el río Carreras tras detectar a finales de octubre niveles superiores a los permitidos de bacterias coliformes fecales, una contaminación causada por la acción humana que desaconseja su consumo. La captura de coquinas y chirlas, las especies más demandadas del litoral onubense, está permitida en toda la costa.

La Delegación de Agricultura y Pesca recordó que está prohibido el marisqueo sin la correspondiente licencia, según recoge la ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 1/2002 de 4 de abril de Ordenación, fomento y control de la pesca marítima y el marisqueo y la acuicultura marina, con el propósito de promover la conservación de los recursos marinos y salvaguardar los intereses de los pescadores.

La normativa recoge sanciones cuya cuantía oscila entre los 301 y los 600.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.