EL CAMPILLO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)
El candidato del PA a la Alcaldía de El Campillo (Huelva), Francisco Cuaresma, negó hoy "rotundamente" que se hayan producido amenazas de despido contra los trabajadores del ayuntamiento, los cuales están estudiando llevar a los tribunales al PA del municipio después de que, según estos trabajadores, uno de sus miembros amenazara con el despido a empleados del Consistorio minero tras resultar la lista andalucista la más votada en las elecciones municipales, igualada en número de concejales --cinco-- con el PSOE.
En declaraciones a Europa Press, Cuaresma dijo desconocer "en qué se basan" los trabajadores del ayuntamiento para hacer públicas estas presuntas amenazas de despido y subrayó que "no ha habido ni habrá nunca amenazas de despido por parte del PA contra ninguna persona del municipio".
En este sentido, Cuaresma consideró "absurdo" que un partido como el PA, que se ha presentado a las elecciones del municipio, "pretenda ir cortando cabezas por ahí", por lo que insistió en que "no sé a qué se deben estas críticas" por parte de los trabajadores del Ayuntamiento de El Campillo.
Y es que los representantes sindicales de UGT en el Ayuntamiento de El Campillo, Francisco Javier Sánchez e Isabelino Carrasco, pusieron de manifiesto ayer que la misma noche electoral, cuando ya se sabían los resultados y diversos trabajadores pasaban ante el cuartel general andalucista, "el componente de la lista del PA José Marcos Devesa amenazó con despedir a empleados del Ayuntamiento, profiriendo de forma reiterada y a través de un megáfono sentencias como 'Trabajadores del Ayuntamiento, el lunes a la cola del INEM'".
Ante estos hechos, la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-Huelva anunció que apoyará a los trabajadores municipales en su decisión de recurrir a la vía judicial para que un juez dirima las supuestas responsabilidades en que ha podido incurrir el PA por algo que el sindicato considera "una clara actitud caciquil que atenta contra la libertad democrática y el derecho de los trabajadores".
En este sentido, la FSP aseveró que "no se puede consentir que en un Estado de Derecho se utilice el poder de las urnas para tomar represalias contra los empleados municipales y se juegue con el futuro de numerosas familias".