ALMONTE (HUELVA), 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El PP de Almonte (Huelva) criticó hoy la "caza de brujas" iniciada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva que "está presionado a los mandos de la Guardia Civil de la localidad para encontrar un cabeza de turco con el que tapar la situación del cuerpo en Almonte".
En declaraciones a Europa Press, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Almonte, José Antonio Domínguez, aseguró que "existen presiones del subdelegado del Gobierno, Manuel Bago, a los mandos de la Guardia Civil para buscar culpables de la situación de baja generalizada de 15 agentes del cuartel de Almonte y del Seprona de Doñana".
A su juicio, "a los agentes se les quiere dar un castigo ejemplar para que esta situación no se repita en otro lugar, para lo que se les está presionando, abriendo expedientes y, en concreto, se está persiguiendo a dos sargentos del Seprona de Doñana, de entre los que cogerán a un 'cabeza de turco' al que se le va a trasladar sin ningún tipo de criterio, porque todos sabemos en Almonte que es la persona menos adecuada para que se le someta a esta medida ejemplar".
Según explicó, a estos dos sargentos se les ha abierto un expediente por "viajar en un coche oficial vestidos de paisano, cuando todos sabemos que acudían a un aviso de un caso de maltrato de urgencia y, ante la escasez de plantilla de la Guardia Civil de Almonte, que en ese momento sólo disponía de una pareja de agentes".
En este sentido, Domínguez criticó la actitud de Bago, "por forzar estas medidas presionando", y a los mandos de la Guardia Civil, "por ceder a estas presiones", y consideró que "todo esto sólo contribuye a agravar una situación que está perjudicando a los ciudadanos".
El portavoz del PP lamentó que, después de dos meses desde que los agentes presentaran la baja, "no se ha puesto solución a los motivos que la ocasionaron, ya que no se han colocado cámaras en el cuartel ni se ha habilitado el acuartelamiento de Matalascañas para que los agentes tuvieran cabida en el de Almonte".
De la misma forma, advirtió de que "se está abusando de la autoridad y forzando a los agentes que están cubriendo las bajas desde fuera, que no conocen la realidad de Almonte, a realizar denuncias para justificar la actividad y sacar datos estadísticos que no se corresponden con la realidad porque, mientras que la media normal de detenciones en Almonte es de unas 25 semanales, actualmente se está haciendo una como máximo".
Con todo, Domínguez exigió a Bago "que deje de presionar a los mandos para solucionar una situación que, al principio, era muy fácil porque los agentes de baja ahora sólo querían diálogo que el subdelegado fue capaz de ofrecer" y resaltó que "el único delito de los agentes de Almonte ahora perseguidos ha sido ser excesivamente eficientes y celosos en su trabajo, por lo que ahora se les castiga".
DENUNCIA DE LA AUGC
Por otra parte, el portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva, José Manuel del Valle, registró hoy en la Subdelegación del Gobierno un escrito de denuncia en el que exige a la Comandancia de la Guardia Civil de Huelva "que abra una investigación sobre una serie de irregularidades del teniente adjunto a la Compañía de La Palma, Manuel Macías, ahora en Almonte".
En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, resalta la "rapidez con la que se han abierto expedientes informativos o disciplinarios a los agentes, mientras no se atienden las irregularidades que se denuncian de los oficiales, como el caso del de La Palma".
La AUGC denuncia presuntos delitos de falsedad documental, además de que este teniente adjunto "ha tenido alquilado un pabellón del acuartelamiento de Almonte durante nueve meses, mientras vivía en Bollullos Par del Condado, hasta donde se trasladaba diariamente en un vehículo oficial y con un agente de la Guardia Civil dedicado a ser su conductor".
La asociación también consideró "indigno y fuera de lugar que el Capitán de la Compañía, que no cumplió con su obligación cuando le fueron comunicadas las denuncias de presuntas agresiones de los guardias civiles, ahora aproveche un informe del 10 de noviembre de 2005 para castigar con una posible pérdida de destino a dos guardias civiles del Seprona y lo utilice como persecución hacia otros dos de los guardias civiles que se dieron de baja por la falta de apoyo de sus mandos directos".
