Huelva.- Tribunales.- Defensa de presuntos explotados de Cartaya dice que "no hay pruebas que contradigan su versión"

HUELVA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El abogado defensor de los cinco marroquíes presuntamente explotados en la localidad de Cartaya (Huelva) por un empresario compatriota, detenido el pasado 21 de julio en la dicha localidad, Fernando Osuna, dijo hoy que "no existen pruebas que contradigan" la versión de los denunciantes, que prestaron declaración esta mañana en los juzgados de Ayamonte.

Según explicó Osuna a Europa Press, el implicado fue imputado en proceso penal por ser presunto autor "de delitos de estafa, coacciones y lesiones", y añadió que las preguntas formuladas por el abogado defensor del empresario "no le han ayudado en absoluto".

Respecto a sus clientes, apuntó que los cinco han coincidido "en los mismos hechos y en las mismas horas que éstos tuvieron lugar". Así, Osuna estima que el juicio podría celebrarse después del verano, en los meses de septiembre u octubre.

Por su parte, fuentes del Ayuntamiento de Cartaya señalaron que "han puesto todo de su parte para ayudar a los afectados" a lo que añadieron que el problema es que "ellos pagaron 9.000 euros por un permiso de trabajo que está limitado a la provincia de Huelva y al sector textil".

En este sentido, estas fuentes apuntaron que el Consistorio está "facilitando los trámites burocráticos para agilizar la incorporación al trabajo de estos cinco marroquíes afectados, pero la legislación estipula que es necesario que exista un hueco en el Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura en el INEM para que encuentren otro empleo", lo cual es "complicado en tiempos de crisis".

Asimismo, señalaron que para que se produzca la renovación de este permiso "la legislación exige seis meses cotizados en la Seguridad Social y, si no los cumplen, es difícil que haya renovación del permiso, que tiene vigencia de un año".

LA LLEGADA A ESPAÑA

La venida de estos inmigrantes a España supuestamente fue facilitada por el imputado, previo pago de 7.500 euros cada uno, a los que prometió, una vez regularizada su situación, unas condiciones de trabajo y salario posteriormente incumplidas, que incluía unos beneficios mínimos por su trabajo en un taller de confección de unos 1.500 euros y alojamiento sin ningún coste, al ser la vivienda propiedad del empresario, siendo, por el contrario, sus condiciones actuales de "auténtica explotación laboral", ya que "por dos meses de trabajo les pagó 200 euros a repartir entre los cinco denunciantes".

Cuando los agentes accedieron al interior del taller de confección encontraron que nueve personas compartían, con varias máquinas textiles, una superficie de 60 metros cuadrados, en unas condiciones de "total hacinamiento, sin ventilación y con escasa iluminación y trabajando 14 y 15 horas al día".