HUELVA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de lo Penal número 1 de Huelva juzga hoy al presidente de la ONG Huelva Solidaria, M.R.L., para el que la Fiscalía de Huelva pide una pena de tres años de prisión por un presunto delito continuado de estafa a inmigrantes durante los años 2002 y 2003.
Según la calificación provisional del fiscal, a la que ha tenido acceso Europa Press, en el mes de noviembre de 2002, el acusado entabló contacto con el ciudadano rumano P.L, quien se dirigió a la ONG Huelva Solidaria, entrevistándose con el procesado, quien le solicitó la cantidad de 45 euros por la presentación de una solicitud de permiso de residencia y trabajo.
En este sentido, el fiscal indica que en el mes de agosto de 2003, el acusado solicitó a P.L. un total de 35 euros para hacer los mismos trámites con su compañera sentimental, O.H.C, sin que el acusado realizara trámite alguno, apoderándose en consecuencia y con ánimo de lucro ilícito de dichas cantidades.
El Ministerio Público prosigue que en el mes de diciembre de 2002, el procesado recibió en la sede de la ONG a las ciudadanas rumanas M.I. y M.A., ante quienes se presentó como abogado, solicitando de las mismas y sin intención de llevar a cabo gestión alguna la cantidad de 90 euros por tramitarles una solicitud de prórroga de visado, obteniendo el acusado esa cantidad de la que se apoderó ilícitamente haciéndoles creer a las interesadas que realmente estaban rellenando una solicitud de prórroga de visado, cuando en realidad era una solicitud de permiso de residencia y trabajo.
Según indica el fiscal en su escrito, en la primera quincena del mes de enero de 2003, el matrimonio rumano compuesto por T.E. e I.T. entabló contacto con el acusado para solicitar que les fuera tramitada la autorización de residencia y trabajo en España, para lo cual el acusado les solicitó la cantidad de 50 euros, entregándole cada uno de los interesados la cantidad de 15 euros, y volviendo días mas tarde para entregarle la cantidad de 20 euros.
En esta línea, el fiscal asegura que el acusado no les hizo entrega de la documentación original de la solicitud de autorizaciones solicitadas y haciéndoles entrega, en cambio, de un carnet de color azul de la propia ONG y asegurándoles que ese era el paso previo a la obtención de las autorizaciones.
La Fiscalía señala, además, que en marzo de 2003, y tras haber contactado con un ciudadano de Colombia, se puso en contacto con el matrimonio colombiano formado por E.D.R. y H.J.D., siendo los mismos convencidos para que solicitaran de la ONG Huelva Solidaria poder participar en el programa denominado 'Semana Santa y Fiestas Rocieras', que tenía por objeto obtener la estancia en España con visado turista de un grupo de ciudadanos colombianos a fin de que por dicha ONG se realizaran los trámites necesarios para traer a España a la hija, yerno y nieta de E.D..
Según el Ministerio Público, los perjudicados ingresaron en un banco las cantidades de 1.500 euros, el 7 de abril de 2003, y de 600 euros el 29 de abril de 2003. El fiscal asegura que el único titular de la cuenta bancaria no es la ONG, sino el acusado, a quien los perjudicados reclamaron reiteradamente la devolución del dinero o el cumplimento de las gestiones, todo ello sin ningún éxito y sin que por parte del acusado, que se apoderó de dichas cantidades con ánimo de lucro ilícito y en su aprovechamiento exclusivamente personal, se practicara gestión alguna.
Por último, la Fiscalía relata que a principios de 2003, el procesado logró ponerse en contacto con la ciudadana de Colombia M.D.C, quien le solicitó que practicaran las gestiones oportunas para traer a España a sus dos hijos en el seno del programa 'Semana Santa y Fiestas Rocieras'. De este modo, ingresó en una cuenta de un banco cuyo único titular es el acusado, las cantidades de 200 euros el día 25 de abril de 2003 y de 900 euros el día 18 de febrero de 2003, apoderándose el acusado de dichas cantidades así como de dos pagos en metálico, uno de 40 euros y otro de 100 euros.
Por todo ello, la Fiscalía solicita para el acusado tres años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio y desempeño de cualquier cargo en asociaciones directa o indirectamente relacionadas con la asistencia, asesoramiento, tramitación, intermediación, formación y representación de ciudadanos extranjeros que se encuentren en territorio nacional o que pretendan acceder al mismo durante el tiempo de la condena, así como una multa de 1.620 euros.
