LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)
La defensa de la mujer T.P.R ha presentado un escrito en el que solicita la nulidad del juicio celebrado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado (Huelva) el pasado día 13 de diciembre, durante el cual el fiscal solicitó que la guarda y custodia de los dos hijos menores de edad de esta mujer pasara a ser de los padres del que era su compañero sentimental.
El abogado de la defensa, Alberto Mondaca, explicó a Europa Press que esta petición se sustenta en el hecho de que la madre de los dos menores, de seis y tres años de edad, respectivamente, "no pudo acudir a la vista al encontrarse enferma", y lamentó que el juez, "en lugar de suspender la vista, como hubiera procedido según el ordenamiento jurídico, celebró el juicio provocando de esta manera una grave indefensión de la madre, que no pudo defenderse ni presentar pruebas a su favor".
La defensa argumentó que la madre de los niños "incluso mandó un fax desde el centro de salud de Almonte la mañana del 13 de diciembre en el que pedía la suspensión del juicio por estar enferma, así como documentación médica en la que se recogía los problemas de salud que arrastraba desde el 23 de noviembre, pues se encuentra embarazada de ocho meses y acude muy frecuentemente a Urgencias del Hospital Infanta Elena al sufrir vómitos constantes, fiebre y lumbalgia".
Asimismo, añadió que la mujer "se puso en contacto telefónico con el juez encargado del caso sobre las 9.15 horas del día 13 de diciembre para comunicarle que se encontraba enferma en la cama y le rogó que suspendiera el juicio, pero el magistrado le dijo que no suspendería y que fuera o no fuera al juicio este se celebraría".
En este sentido, lamentó que, "como el fiscal no pudo oír a la madre, pidió que la custodia de estos niños fuera para los abuelos paternos", por lo que subrayó que ha presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de La Palma del Condado solicitando la nulidad de las actuaciones, "pues el prejuicio generado a la madre de los niños y a los menores podría ser incalculable".
Igualmente, relató que T.P.R. denunció a su marido, M.A.B., "que se encuentra actualmente en un centro de deshabituación de droga", por sufrir numerosos malos tratos físicos y psíquicos, hecho por el que fue condenado a seis meses y cuatro días de cárcel y la prohibición de acercarse a la víctima a una distancia inferior a 100 metros durante dos años.
En esta línea, indicó que "una vez que los padres de M.A.B. supieron que su hijo había sido condenado, iniciaron una serie de actuaciones tendentes a dañar y perjudicar a la madre de los niños, siendo la forma más efectiva amenazarla con quitarle a sus hijos, cosa que hicieron ante la Delegación Provincial para la Igualdad y Bienestar Social dos días después de dictarse la sentencia contra su hijo".
La defensa aseveró que "en un tema tan delicado e importante como es el de decidir sobre la guarda y custodia de unos menores de tercera edad, proceder acorde al ordenamiento jurídico hubiese sido adoptar la suspensión del juicio hasta que la madre hubiese estado bien de salud para poder defenderse y pelear por sus hijos".
Por último, criticó que "el juez ha actuado de forma arbitraria y de espaldas al principio de igualdad", pues, según subrayó, "la madre no ha podido defenderse ni proponer pruebas y el fiscal sólo ha oído al padre y a los abuelos de los menores y a los testigos propuestos por estos, lo que ha posibilitado que finalmente que el ministerio público solicite al juez que le quite la guarda y custodia a la madre y se le conceda a los abuelos paternos". "Por las circunstancias concurrentes al caso, el juez ha perdido o puede perder la imparcialidad judicial, por lo que sería procedente que decidiera apartarse del caso", concluyó.