La Junta prohíbe la captura y comercialización de chirla en la zona de Matalascañas por DSP

Actualizado: jueves, 22 julio 2010 16:52

HUELVA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha prohibido la captura y comercialización de la chirla en la zona de producción del litoral de Matalascañas, entre la Torre del Loro y la empalizada del Coto, tras detectar el Laboratorio de Control de Recursos Pesqueros elevados índices de la toxina DSP en este bivalvo, circunstancia que desaconseja su ingesta.

Según ha informado la Junta en una nota, la decisión se ha tomado a raíz de los resultados de los análisis que realiza de forma continua el Laboratorio de Control de Calidad de los Recursos Pesqueros de la Junta de Andalucía, tanto de las aguas como de los animales, para comprobar si su ingestión es nociva para la salud y garantizar la calidad sanitaria del molusco de la costa de Huelva.

La presencia de toxinas DSP en los bivalvos --que se produce cuando ingieren un determinado tipo de algas-- es un proceso natural, y los mismos animales las eliminan progresivamente de su organismo.

Por otra parte, la Junta de Andalucía ha prohibido el marisqueo de chirlas en la Barra del Terrón, en la zona comprendida entre la desembocadura del río Carreras y la playa de la Bota.

Respecto al resto de las zonas de producción del litoral onubense, actualmente está cerrada al marisqueo por toxinas DSP la desembocadura del Piedras; al marisqueo de chirlas la Barra del Terrón; y se prohíbe por el mismo motivo la captura de mejillones en Isla Cristina.

Asimismo, en el río Carreras están afectadas las almejas babosas y japonesas y los berberechos por fitoplancton tóxico, y en el Guadiana sólo los berberechos por bacterias coliformes.

Las prohibiciones se levantarán en cuanto se compruebe que los bivalvos se encuentran en óptimas condiciones. Además, la Delegación Provincial de Agricultura y Pesca ha recordado que el marisqueo sin licencia está prohibido y las sanciones por este incumplimiento pueden oscilar entre los 301 y los 60.000 euros para las personas que capturen bivalvos sin autorización.