HUELVA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -
El exjefe provincial de la Jefatura de Tráfico en Huelva Andrés Sánchez Buenaposada, y siete acusados más --entre funcionarios, examinadores y un guardia civil-- por una presunta trama de carnés fraudulentos, destapada en 2009, lo que provocó su dimisión en esas fechas, han negado que pidieran o hicieran favores y han defendido su labor en todo momento.
Durante el juicio, celebrado este martes en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Huelva y en el que las defensas han pedido la nulidad de las escuchas telefónicas, Andrés Sánchez Buenaposada, --que se enfrenta a cinco años y medio de cárcel, por un delito continuado de falsificación en documentos oficiales y otro de prevaricación, al pago de una multa de 6.000 euros y a la inhabilitación especial para funciones públicas en jefaturas provinciales de tráfico durante el tiempo de la condena--, ha negado que pidiera al coordinador de examinadores o éste a él que "aprobara a alguien por la cara".
"Jamás en mi vida le he pedido eso a un examinador, Dios me libre, porque directamente me habría denunciado ya que la relación con la plantilla de examinadores era algo conflictiva", ha manifestado el acusado, quien ha matizado que había veces que colaboraba con los funcionarios y con el jefe de Negociado de Sanciones para "agilizar el trabajo", pero siempre ateniéndose a las normas y sin saltarse ningún procedimiento.
Además, han declarado los otros siete acusados, entre ellos un agente de la Guardia Civil que además de negar los hechos, ha desvinculado su condición de guardia civil con los mismos, ya que ha asegurado que no está en activo desde febrero de 2006.
Otro de los acusados, concretamente una mujer examinadora desde 2001, ha indicado que "ningún compañero de la Jefatura le ha pedido jamás que aprobara a nadie" y que favorecer a alguien durante un examen práctico es "muy difícil" ya que en el coche van dos alumnos y el profesor.
NULIDAD DE LAS ESCUCHAS
Antes de estas declaraciones, sus defensas han pedido la nulidad de las intervenciones telefónicas que dieron lugar a las pruebas de cargo en las que, posteriormente, se sustenta la causa, al considerar que "carecen de validez". Concretamente, durante las cuestiones previas, han solicitado que se declaren nulos los autos judiciales de 11 de junio y 28 de noviembre de 2008 y los posteriores de prórrogas.
Al respecto, la Fiscalía se ha opuesto mientras que el tribunal ha decidido que resolverá esta cuestión en sentencia, tras haber practicado la prueba pertinente durante el juicio, que continuará este martes a partir de las 10,00 horas.
