HUELVA, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -
El jurado popular ha declarado culpable al ex edil del PA de Almonte (Huelva) J.M.R.P., acusado de cohecho por haber ofrecido información privilegiada a un corredor de fincas identificado como J.M.C.V. en cuanto a parcelas que iban a salir a subasta en 2004 en la aldea de El Rocío y pedir comisiones a cambio, caso juzgado entre ayer y hoy en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.
Así lo explicó a Europa Press el abogado de la defensa, Francisco de la Rosa, quien aseguró que tras la deliberación del jurado, su cliente ha sido decretado "culpable por ocho de los nueve miembros del jurado", por lo que el presidente de la Audiencia Provincial de Huelva, Jesús Sánchez Entralgo, redactará la sentencia definitiva durante los próximos días, "que podría estar lista en un plazo de dos días a tres semanas".
Durante la última sesión del juicio oral que ha tenido lugar durante la mañana de hoy, los compradores de las parcelas que salieron a subasta en la aldea almonteña en 2004, "negaron conocer" al concejal andalucista y "haber pagado 18.000 euros de comisión al denunciante" de los hechos, J.M.C.V., el corredor de fincas presuntamente "amenazado" por el ex edil, después de que éste afirmara ayer que había recibido dicha cantidad.
Durante la sesión de ayer, el denunciante aseguró ante el tribunal que enjuicia los hechos que "entregó 4.000 euros a J.M.R.P., como comisión, en el interior de una sucursal bancaria porque estaba harto de amenazas y quería quitárselo del medio".
Hoy ambos compradores de las parcelas exculparon al edil andalucista de entregar los documentos necesarios para la subasta en el Ayuntamiento, alegando que "fueron ellos mismos los que entregaron esta documentación" y que "nadie" le comunicó la cantidad por la que debían pujar, al tiempo que aseguraron que "no conocen" a este concejal, añadiendo además que "no pagaron comisión" al denunciante porque "éste no ayudo en nada" en la tramitación. No obstante, uno de ellos indicó que le hizo "un regalo de 600 euros".
De igual modo, estos compradores negaron haber asistido a reuniones entre el edil andalucista y el denunciante pero, sin embargo, ayer este último apuntó que si se produjeron estos encuentros, de forma sigilosa. Por otro lado, el denunciante aseguró que escribió de su puño y letra un documento a modo de recibí, para que quedara constancia de que el acusado había recibido el pago de 4.000 euros de comisión por sus servicios. Sin embargo, un análisis pericial realizado por el laboratorio de grafística de la Policía Judicial de la Guardia Civil para el análisis alfanumérico del escrito en el que se constataba esta transacción concluye que fue el acusado quien realizó todo el escrito, en contra de lo declarado por el propio denunciante.
PETICIONES DE LAS PARTES
Por su parte, la Fiscalía puso de manifiesto que el acusado realizó "gestiones impropias" de su cargo de concejal, es decir el hecho de recabar información, documentación y datos sobre precios aproximados de las fincas, de lo que apuntó que "esto en sí, no es un delito".
En este sentido, el fiscal señaló que el delito "se comete en cuanto el acusado pone la mano para pedir dinero por estos servicios", lo que constituye la comisión de un delito de cohecho, a lo que añadió que "no tiene derecho a recibir comisión alguna aparte de su sueldo como concejal", por lo que concluyó que "no es necesario que reciba el dinero para cometer cohecho, sino simplemente pedirlo".
Asimismo, señaló que el hecho de que los compradores de las fincas hayan negado que conozcan al concejal o que pagasen comisión alguna al denunciante es que "probablemente tratan de desvincularse", concluyendo que el delito "no está en las gestiones realizadas por el ex edil, sino cuando solicita dinero", independientemente de la "poca importancia que tengan estas gestiones" y recordó que "no pide una pena desproporcionada", sino una multa y suspensión de empleo o cargo público.
Durante la sesión de ayer, el acusado, para el que la Fiscalía solicita una multa de 12.000 euros, dos meses de privación de libertad en el caso de impago y otros tantos de suspensión para empleo o cargo público, negó los hechos, respondiendo a todas las preguntas de los abogados.
Además, el fiscal solicita al acusado 4.000 euros de indemnización para el corredor de fincas, J.M.C.V., al que "le exigió en reiteradas ocasiones, incluso con amenazas, la cantidad de 9.000 euros como comisión", según apunta el escrito de conclusiones provisionales.
La defensa del concejal destacó que es "imposible" que su cliente obtuviera ninguna información, por lo que tampoco pudo dársela a los compradores de las fincas, a lo que añadió que "si no dio información, no tenía por qué pagar nada". En cuanto a la pericial, dice que es "concluyente", por lo que el denunciante "ha mentido" al decir que todo lo escribió él, salvo la firma y el DNI del concejal.
LOS HECHOS EN 2004
Así, el informe provisional informa que el ahora imputado, aprovechando su calidad de funcionario público y el fácil acceso a la información y distintos departamentos del Ayuntamiento de Almonte, relacionados con las subastas públicas de parcelas, "se ofreció a realizar gestiones necesarias para asegurar la adjudicación de tales parcelas, entre ellas el pago de tasas, presentación de documentos y dándoles a conocer el precio que debían poner en las plicas para garantizarse la adjudicación de parcelas por parte de los clientes de J.M.C.V.".
Una vez producida la adjudicación de las parcelas de El Rocío por parte de los clientes interesados, en concreto las números 4 y 6 de la calle Santa María, y escrituradas las mismas, el acusado, "con la intención de obtener un beneficio económico indebido, exigió en reiteradas ocasiones, incluso con amenazas, la cantidad de 9.000 euros de comisión, a lo que finalmente accedió, entregándole un total de 4.000 euros el pasado 7 de junio de 2005".
