LA RÁBIDA (HUELVA), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -
El experto en psicología del trabajo y director de la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Julio Fernández Garrido criticó hoy en una rueda de prensa en la Universidad Internacional de Andalucía que "en grandes entidades del Tercer Sector", que son las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), "el personal directivo tiene sueldos millonarios", mientras que quienes "llevan sobre sus hombros lo más duro del trabajo" cobran menos de 800 o 900 euros al mes.
De hecho, informó de que "el primer Convenio Nacional del Sector de Intervención Social ha sido impugnado" por algunas ONG "que consideran que salarios mensuales de 900 euros netos podrían ser generadores de amenaza de ruina para sus entidades", y que en un estudio sobre las cuentas de algunas ONG por parte de la 'Fundación Lealtad', de la que Fernández Garrido fue presidente, "un 30 por ciento de las entidades" se negaron a presentar sus datos.
En cuanto a lo ético en el empleo, destacó que "habría que procurar llegar a unos acuerdos mínimos", y tomó como ejemplo el 'ANPE' de Francia, que no acepta ninguna oferta de trabajo que muestre algún tipo de discriminación, como por ejemplo una "horquilla de edad".
En relación a esto último, el experto de la UCM añadió que "todavía no se ha implantado toda la terminología que puede ser no discriminatoria", y que hay que enseñar a las empresas que "la pérdida de la mitad de la población es una pérdida de capital humano que no se puede permitir".
También valoró la importancia de que las ofertas estén en español, y que se rechacen expresiones como "coaching, mentoring o manager", al igual que se hace en el 'ANPE'. Esto, según el experto, es algo que atañe al patrimonio cultural de cada país, por lo que opinó que en España los servicios de empleo y los medios de comunicación deberían fomentar el uso de la terminología en castellano.
Fernández Garrido habló además de "una ética de la sociedad" y, en este sentido, afirmó que "la responsabilidad social corporativa de las empresas debe ser reconocida por las administraciones públicas y por las entidades del tercer sector".
Por ello, opinó que "las administraciones no deben sacar pliegos de condiciones que puedan ser generadores de trabajos precarios o con remuneraciones muy por debajo del salario que se pueda cobrar en el sector público".
Por otra parte, aseguró que "en los programas de empleo de la administración, un 50 por ciento de los servicios son sostenidos a través de subcontratación". Al hilo de lo que criticó que en la Comunidad de Madrid las personas que se emplean como orientadores en los servicios de empleo "trabajan nueve meses y tres están en paro".
TECNOLOGÍAS EN INTERVENCIÓN SOCIOLABORAL
El profesor de la UCM, que ofreció la ponencia 'Claves psicosociales y éticas del empleo en la sociedad actual', afirmó que "todo lo que se ha llamado intervención sociolaboral, o programas de empleo, es un esfuerzo de una serie de nuevas tecnologías sociales del siglo XX".
De este modo, según continuó, "desde los años 50 todas las sociedades avanzadas tratan de tener un respaldo técnico para que los derechos de la ciudadanía relacionas con la promoción de la igualdad, el acceso al empleo o la calidad de vida laboral se hagan realidad". Para esto, no sólo son necesarias leyes, sino también unas "tecnologías de la intervención social", que trabajan las "claves psicosociales" del empleo.
En este campo, según explicó el experto, están trabajando diversas disciplinas como el derecho, la sociología, la psicología, la economía o la antropología, que "deben crear una serie de nociones comunes" para unificar conceptos entendidos de distinta forma según el campo académico que lo estudie.
Fernández Garrido advirtió también de que "España es el país del mundo en el que hay una mayor sobrecualificación", con un índice alto de personas que tienen más preparación que aquella de la que el mercado laboral en el que se puede situar necesita.
Al hilo de esto, explicó que hay personas que están desarrollando empleo en los que en realidad hacen falta personas con una cualificación menor, y que las habilidades de estas personas "se estancan" si no se les permite desarrollarse en su puesto laboral respecto a sus competencias.
