La Junta evita 749 desahucios en la provincia en un año

Foto: Europa Press/Archivo

   MÁLAGA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha evitado 749 desahucios en la provincia de Málaga en un año a través del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda que, según el delegado territorial, Manuel García Peláez, ha cumplido su objetivo: "que las personas que acuden a nosotros como último recurso para evitar ver vulnerado su derecho a un techo permanezcan en sus viviendas gracias a nuestra labor de intermediación ante las entidades financieras".

   Entre el 8 de octubre de 2012, fecha de apertura de la oficina, y el 30 de septiembre del presente año, el Programa ha abierto en Málaga un total de 1.021 expedientes. En la fase de prevención, las oficinas han atendido a 202 personas, el 19,7 por ciento del total.

   La atención en esta fase se presta cuando aún no existe morosidad y es solicitada por familias interesadas en informarse sobre las consecuencias de no pagar las cuotas hipotecarias en el futuro, conocer detalles sobre las posibilidades normativas para evitar desahucios o pedir asesoramiento sobre posibles cláusulas abusivas, entre otras cuestiones, según ha indicado la Junta en un comunicado.

   La parte fundamental del Programa es la intermediación. Así, un total de 749 personas han sido atendidas en esta fase, el 73,3 por ciento, y todas han logrado frenar su desahucio. "En esta fase estamos atendiendo a familias que tienen voluntad de pagar, pero que no pueden hacerlo porque no disponen de los ingresos suficientes", ha incidido, destacando que estas familias siguen en sus casas a pesar de mantener una deuda con el banco "gracias a la intermediación de la Consejería".

   De estas 749 familias, 379 se han acogido al protocolo de intervención temprana, que se aplica en el estadio inicial en el proceso. La solución para estas personas ha consistido en el asesoramiento sobre fórmulas como la dación en pago para acceder a alguna otra alternativa habitacional, la reestructuración de la deuda hipotecaria o la renegociación de las cuotas. La oficina les ha prestado también asesoramiento sobre suspensión de lanzamientos y justicia gratuita.

   En esta misma fase de intermediación, 370 personas han acudido solicitando labores de negociación, destacando las renegociaciones de las condiciones del préstamo hipotecario, con acuerdos para la carencia de amortización del capital, ampliación de plazos, reducción del tipo de interés aplicable, retirada de cláusulas suelo, alquileres asequibles, suspensiones de lanzamiento o subasta, entre otras fórmulas.

   "Este balance tan positivo es la mejor prueba de que la política sí es capaz de cambiar las cosas, y de que la resignación no está justificada. No obstante, estos resultados en ningún caso deben llevarnos al triunfalismo, porque los problemas de fondo de muchas de estas familias están todavía lejos de resolverse y persistirán en la medida en que el Gobierno y la mayoría en el Congreso que lo sustenta no legislen a su favor", ha sentenciado el delegado.

   Así, ha continuado, estas oficinas son una herramienta "meramente paliativa" y ha asegurado que "el mango de la sartén de los cambios normativos determinantes lo tiene el Gobierno central", al que ha instado a solucionar "de fondo a las miles y miles de familias malagueñas atrapadas en la estafa financiera e hipotecaria".

   La Consejería "ha apurado al límite sus competencias contra los desahucios con la Ley para Asegurar la Función de la Vivienda, que sí constituye una herramienta transformadora que incide en el comportamiento del mercado a favor de las familias, propiciando la salida en alquiler del inmenso stock de vivienda vacía que hay en Andalucía".

   En este punto, ha solicitado al Ejecutivo del PP que "apure el diálogo" con la Junta y "abandone la idea" de presentar un recurso contra dicha norma en el Tribunal Constitucional, como ya hizo con el Decreto.

FASE DE PROTECCIÓN

   En la fase de protección del Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, la Consejería ha abierto 70 expedientes, un 6,8 por ciento del total. Las personas que demandan este servicio tienen ya la fecha de desalojo, o en ocasiones acuden cuando ya han visto vulnerado su derecho a la vivienda.

   En estos casos, según García Peláez, la Consejería emplea todas las herramientas a su alcance para ofrecer alternativas a estas familias, siempre en colaboración con los ayuntamientos. Los trabajadores del Programa, además de evaluar si estas familias pueden acogerse a la expropiación del uso para evitar su desahucio, las asesoran para realizar su solicitud de vivienda en el registro de demandantes municipal, y establecen contacto con las entidades financieras o los juzgados para intentar dilatar los desalojos, al tiempo que colaboran con los servicios sociales de los ayuntamientos para arbitrar soluciones conjuntas.

   El delegado ha destacado el "espaldarazo" que ha dado a la fase de protección la aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda, que prevé la expropiación hasta tres años de viviendas embargadas por entidades financieras a familias en riesgo de exclusión social a fin de evitar el desahucio. García Peláez ha vuelto a pedir al Gobierno central que ceda al Programa las viviendas andaluzas de la Sareb o 'banco malo'.

ADHESIÓN DE AYUNTAMIENTOS

   En Andalucía, 229 ayuntamientos, un 30 por ciento del total, se han adherido mediante convenio a este Programa, además de la Diputación de Huelva y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, Cruz Roja y el Colegio Andaluz de Trabajadores Sociales, entre otras entidades.

   En Málaga son 54 los ayuntamientos malagueños adheridos a esta iniciativa. "El Programa ha servido también para armar un sólido bloque institucional contra los desahucios en toda Andalucía", ha finalizado el delegado.