El fiscal dice que Roca tuvo responsabilidad en el pago de alegaciones "inexistentes"

MÁLAGA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo ha asegurado este viernes que el exasesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella (Málaga) Juan Antonio Roca tuvo responsabilidad en el pago de un cheque a una asesoría por unos trabajos "inexistentes" relativos a tres sociedades, entre ellas Planeamiento 2000, dentro del proceso de fiscalización del Consistorio marbellí por el Tribunal de Cuentas.

En el caso 'Minutas', sobre presuntas irregularidades en los encargos del Ayuntamiento al letrado José María del Nido, el fiscal acusa a Roca de un delito de malversación de caudales, solicitando seis años de prisión y 15 de inhabilitación, en relación con el pago a un asesoría para supuestamente hacer alegaciones al anteproyecto de fiscalización sobre tres sociedades.

En el juicio, el representante del ministerio público ha indicado que Roca fue gerente de Planeamiento 2000 desde 1992 y "en ningún momento se le cesa", aunque él, según el fiscal, "se agarra a que fue nombrado mero apoderado" tras una modificación de los estatutos. Así, ha sostenido que éste "siguió ejerciendo plenamente" como tal y su posición era "absolutamente dominante" en dicha sociedad.

Ha recordado que Roca declaró que "no tuvo conocimiento de la fiscalización", que desde dicha sociedad no se remitió documentación y que empleados de Planeamiento no participaron en el proceso de alegaciones al anteproyecto, aunque ha incidido en que testigos han declarado en el juicio, en concreto la asesora María Castañón, que Roca "le había traído la parte relativa a los convenios".

En este punto, ha concluido que "el señor Roca estaba al corriente de que había una fiscalización y que se encontraba en esa fase de alegaciones, y que su departamento, es decir, la sociedad de la que era gerente y que controlaba absolutamente, estaba implicada en la contestación al anteproyecto, al menos en lo que se refiere a los convenios".

Ya respecto al informe de fiscalización, el representante de la acusación pública, que continuará la próxima semana con su informe final, ha recordado que Castañón declaró "que el señor Roca de broma se lo enseñó y le dijo que no había servido de nada su trabajo", con lo que, en su opinión, "se demuestra que tenía el informe, cosa que no llegó a tener ni el pleno".

Ha sostenido que el encargo a una asesoría, vinculada a otros acusados, de las alegaciones se hizo "sin un contrato" conforme a ley y ha apuntado que "no existe documentación" que justifique la entrega del trabajo, por lo que ha llegado a indicar que fue una "contratación fantasmagórica", porque, además, la sociedad o asesoría se creó tras entregar los trabajos "para cobrar una factura".

En este sentido, ha incidido en la "clara innecesariedad de la contratación", ya que Planeamiento 2000 tenía sus propios asesores, y ha insistido en que "ponemos en entredicho que se haya contratado y que el trabajo se haya realizado", añadiendo, además, que lo supuestamente remitido al Tribunal de Cuentas tenía "defectos". Ha dicho que es "insólito" que se encargara "a espaldas" de Roca.

Respecto al pago de un cheque a esta asesoría por un importe de 80.000 euros, el fiscal ha admitido que en 2001 no hay pagos del Ayuntamiento a Planeamiento 2000 para este concepto, pero ha dicho que Roca "retira un cheque de 12,5 millones de pesetas en octubre de 2000, lo conserva durante meses, lo cual demuestra su intencionalidad en el pago posterior; y en febrero de 2001 lo ingresa en la cuenta corriente que él controla".

Ha apuntado que el ingreso por cajero automático, algo que "llama la atención", pudo deberse "a diversas razones, como no hacer cola, ir fuera de horas de oficina o hacerlo discretamente", y ha señalado que, aunque Roca "niega que ese cheque sea firmado por él, porque niega reconocer su firma en una fotocopia", él "era la única persona autorizada en la cuenta contra la que se expide el cheques".

Además, ha destacado que el documento es remitido directamente por la entidad bancaria y ha manifestado que "si el cheque fue cargado en la cuenta y contabilizado en Planeamiento 2000 con toda normalidad, no es posible que fuera manipulado en cuanto a la firma sin que el señor Roca denunciara que se había producido un pago sin su consentimiento".

Para Jiménez Villarejo, esta operación se produce "sin contrato alguno, sin encargo, sin concreción del encargo, con una contabilidad remitida con graves defectos y con unos pagos que no se reconocen pero que todos los datos indican que fueron realizados desde Planeamiento mediante la retención de un cheque durante meses, en concepto de subvenciones, que no tiene justificación alguna".

"Hay un pago por un trabajo que no se hizo, desde una sociedad que no tenía en su objeto social el pagar este tipo de servicios, por lo que era absolutamente inusual por su concepto y por su cuantía", ha resumido el fiscal, quien ha añadido que es una cantidad "verdaderamente llamativa, por lo que resulta más alarmante que se pagara sin control por parte del señor Roca".

Por todo esto, considera que el exasesor de Urbanismo "tiene responsabilidad y queda claro un delito de malversión de fondos desde el punto de vista del control que tenía de la cuenta así como de la función de facto y jurídica como gerente de dicha sociedad".

ALEGACIONES AL ANTEPROYECTO Y EL INFORME

El representante del ministerio público ha repasado en esta sesión la fase de alegaciones al anteproyecto de fiscalización, considerando que se produjo "un auténtico despilfarro" para hacer las alegaciones, lo que "resulta contradictorio" con el fin propio de este proceso de control de administraciones públicas. Esto lo ha argumentado en que constan hasta tres minutas diferentes para determinadas sociedades, algunas, además, "inactivas".

Ha incidido en que se produjeron gastos "absolutamente injustificados" y que tras presentarse las alegaciones "ni siquiera el resultado justifica el pago de minutas", en este caso, a otro de los acusados.

Ha señalado que "desde las autoridades municipales con el conocimiento de Del Nido" se evitó el control financiero por parte de Intervención o Tesorería de las sociedades municipales; entes que, en su opinión, era "absolutamente relevantes", ya que se encargaban de la gestión municipal.

Tras esta fase, en febrero de 2001 se aprueba por el Tribunal de Cuentas el informe definitivo, frente al que la legislación "no prevé que se realicen más alegaciones", a pesar de lo cual, ha dicho el fiscal, se dictó un decreto por parte del exalcalde accidental Julián Muñoz, también acusado en esta causa, en el que se encomendaba a Del Nido "el estudio y coordinación, así como la defensa de los intereses de la corporación, efectuando las alegaciones oportunas".

En ese contexto, ha considerado que Del Nido "no pudo ser ajeno" a este decreto y ha apuntado que, entonces "nos encontramos que un letrado minuta por algo que no es posible legalmente", como son las alegaciones en este trámite. También ha responsabilizado a exediles que están acusados, ya que "responden por su votación", aunque "descargan responsabilidad en los técnicos".

Ha lamentado "las declaraciones que hemos escuchado en esta Sala para justificar que se aprobara un gasto que no estaba previsto en la ley, que era absolutamente ilegal y que llamaba la atención porque era cuantioso, en el que se incluían mensualidades de cinco millones de pesetas", indicando que es "alarmante la situación que permitían la aprobación de gastos manifiestamente ilegales, que pasaban sin problemas la comisión de gobierno".