MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -
El grupo de IU en el Ayuntamiento de Málaga ha presentado un total de 11 enmiendas al reglamento por el que el coste del agua cambia de naturaleza jurídica, pasando de ser una tasa pública a ser un precio privado. El objetivo de la coalición es que primen "los criterios sociales y medioambientales" y que se modifiquen las tarifas para "garantizar el suministro a las familias sin recursos y gravar a los que derrochan".
Entre sus propuestas, se encuentran bonificaciones para las personas con dificultades económicas, aplazar la fecha de pago de las facturas y permitir su fraccionamiento, así como crear un nuevo tramo de consumo para gravar la utilización del agua con uso comercial, según ha explicado el portavoz adjunto de Izquierda Unida, Eduardo Zorrilla.
Zorrilla ha denunciado, pese a que valoran la tarificación por habitante, que se haya modificado la naturaleza jurídica del coste del agua, ya que este hecho conllevará "un incremento importante", en tanto que "la ley impide que las tasas se cobren por encima del coste del servicio, mientras que de la*nueva forma sí se puede".
"El agua es un derecho humano fundamental y el equipo de gobierno del PP lo ve como una mercancía", ha criticado Zorrilla, quien, en relación con las familias sin recursos y atendiendo a un criterio de justicia social, ha informado de que su grupo propone bonificaciones y otros mecanismos para que los que tengan ingresos mínimos o inexistentes puedan acogerse a un sistema que prácticamente les exima del pago.
Para ello, se recurre a un artículo de la Ley de Haciendas Locales que establece que "la cuantía de las tarifas podrá calcularse teniendo en cuenta la capacidad económica de los sujetos", tal y como ha indicado a Europa Press el edil de la coalición de izquierdas.
En el apartado de usuarios derrochadores, la propuesta de IU plantea crear un nuevo tramo de consumo, ya que, "para la correcta aplicación de la progresividad, es necesario otro bloque tarifario que grave la utilización del agua con uso comercial". Como justificación de esta petición, ha incidido en que "lo injusto del actual sistema es que un pequeño negocio posea la misma tarifa que una multinacional, que será una gran consumidora".
Asimismo, Zorrilla ha subrayado que se produce un problema importante cuando el impago de este servicio supone directamente el corte en el suministro, en tanto que el reenganche tiene un elevado coste, lo que provoca que sea "un círculo vicioso".
Por este motivo, IU expone en sus enmiendas que se permita aplazar la fecha de pago de las facturas, dando a las personas con dificultades un margen para reunir el dinero necesario y evitar posibles cortes de suministro; además de que se autorice el fraccionamiento de recibos, de manera que estos usuarios no tengan que abonar el importe total de una sola vez.
DERECHO HUMANO ESENCIAL
Ha recordado que "en la ONU se le dio rango de derecho humano esencial al disfrute de agua potable y al saneamiento", de ahí que para su grupo sean necesarias las modificaciones propuestas, especialmente "ante el crecimiento de la pobreza en España". Una situación, ha alertado, que "está agudizando las diferencias sociales y situando a una parte importante de la población en posiciones de urgencia y límite de recursos".
La ONU fija el derecho mínimo de acceso en 20 litros de agua limpia por persona y día. Esta cantidad, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), debería ser gratuita para aquellos que carecen de recursos suficientes para pagarla.