MÁLAGA, 8 May. (EUROPA PRESS) -
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado la solicitud del grupo de IU-Málaga para la Gente en el Ayuntamiento de la capital de suspender de forma cautelar el expediente administrativo para poder urbanizar los terrenos de La Térmica hasta que los tribunales resuelvan sobre esta demanda.
Una suspensión cautelar solicitada por Málaga para la Gente después de que fuera admitido a trámite su recurso contencioso-administrativo presentado el pasado diciembre ante el TSJA contra la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de La Térmica por considerarlo "ilegal".
Sin embargo, los magistrados establecen, según el auto al que ha tenido acceso Europa Press, que "no ha lugar a esta suspensión cautelar de la eficacia del acuerdo del Ayuntamiento de Málaga de 29 de octubre de 2015 por el que se aprobó el Plan Especial de Reforma Interior del SUNC-R-LO-1". Contra dicho acuerdo existe, de todos modos, la posibilidad de presentar recurso de reposición.
"No ofrecen los motivos anulatorios una patente razón de nulidad, requiriendo un estudio más pormenorizado y profundo, que como tal ha de reservarse al dictado de la sentencia", señalan los magistrados, por lo que concluyen que "no ha lugar a acceder a la pretensión cautelar solicitada".
La coalición basaba su solicitud de medidas cautelares en que el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento que aprobó el PERI es nulo por cuanto que no consta el informe de recursos hídricos, en que se ha articulado de acuerdo con una adenda que alteraba ilegalmente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), en que no incluye un informe o memoria de sostenibilidad económica y en que no considera la existencia de expediente de deslinde público marítimo-terrestre necesario para calcular los aprovechamientos urbanísticos.
Ante estos argumentos, los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA con sede en Málaga indican que, "sin perjuicio de lo que se resuelva al conocer el fondo del asunto, ninguno de los defectos o irregularidades que se reprochan al Plan Especial de Reforma Interior incurre de forma ostensible en ilegalidad" como para adoptar la medida cautelar reclamada.
Así, respecto al informe de recursos hídricos por parte de la Junta, señalan que, "con independencia de si efectivamente la actuación dispone de dichos recursos, al constar un informe favorable de la Empresa Municipal de Aguas (Emasa), así como que la falta de emisión del informe por parte de la Delegación Territorial de Medio Ambiente pudiese tener efectos positivos, es claro que dicha causa de nulidad no resulta ostensible y manifiesta hasta el punto de que en base a ella pueda adoptase la medida cautelar".
En cuanto al argumento de que la adenda al convenio de 2008 suscrito con la empresa Nueva Marina Real Estate, "filial-testaferro" de Endesa, según Málaga para la Gente, altere ilegalmente el PGOU, "una vez que consta que fue aprobada por acuerdo del Pleno el 29 de mayo de 2014, y a falta de un motivo que revele su ilegalidad, no puede tenerse por válido".
Sobre la falta de una memoria de sostenibilidad económica, se rechaza "por no resultar pacífica su necesidad en dicho instrumento del planeamiento", y, respecto a la inexistencia del expediente de deslinde público marítimo-terrestre necesario para calcular los aprovechamientos, se declara que, "una vez que consta el informe favorable de Costas de 20 de noviembre de 2012, no se está en el caso de que el plan se hubiese aprobado haciendo caso omiso al deslinde provisional".
"UN SAQUEO", SEGÚN MÁLAGA PARA LA GENTE
El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, mantiene en este asunto que con este convenio la ciudad "ha sufrido uno de los mayores saqueos a su patrimonio; ni siquiera en tiempos de la ocupación napoleónica", responsabilizando de ello al propio alcalde, Francisco de la Torre.
El Consistorio valoró los excesos de aprovechamiento de los suelos otorgados a Endesa en 58 millones y, al pasar a manos de la ciudad hace dos años, ante la imposibilidad de Nueva Marina Real Estate de asumir los pagos pactados y la consiguiente renegociación del convenio, fueron estimados en sólo unos 27 millones.
