SEVILLA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -
El consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, ha asegurado este martes que la convergencia territorial es una cuestión "esencial" en la estructura de un Estado, por lo que "está pasando de ser un problema económico a político", advirtiendo que con el importe ridículo del Fondo de Compensación Interterritorial se tardarían 1.000 años en alcanzarla.
Ramírez de Arellano, que ha comparecido en la comisión parlamentaria de Economía, ha adelantado que la convergencia interterritorial estará encima de la mesa en la discusión sobre el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y ha recriminado al Gobierno central que haya hecho caso omiso de este aspecto.
Para Arellano, las autonomías, según ha informado la Consejería, tienen "pocas posibilidades para revertir las diferencias interregionales" siendo una tarea del Gobierno central a través esencialmente de las inversiones y también del Fondo de Convergencia Interterritorial y la financiación.
El titular de Economía y Conocimiento ha subrayado que el informe sobre convergencia elaborado por la Comisión Europea destaca como factor diferencial para lograr la cohesión entre territorios la inversión pública, recordando que en Andalucía el Gobierno central la ha reducido "significativamente".
Además, ha recordado que los mismos expertos estatales que analizan la situación de la financiación autonómica para el Gobierno certifican que Andalucía está "infrafinanciada", con lo que se cuenta con "menos recursos para corregir los efectos de la crisis", una circunstancia que "tiene carácter aditivo y que hay que tener en cuenta".
En cuanto a la situación de pobreza en Andalucía, el consejero la relacionó "directamente con la tasa de paro" y también con el "altísimo coste para las personas" que ha tenido la "austeridad entusiasta" del Gobierno central ante la crisis económica, que ha generado divergencias en las condiciones personales.
El consejero ha explicado que la Junta de Andalucía hace un "enorme esfuerzo" destinando ocho de cada diez euros en gasto social para revertir las divergencias entre personas, con el fin de evitar que aquellos colectivos más vulnerables caigan en una pobreza material severa, y desde el convencimiento de que garantizar los servicios públicos de sanidad, educación y sociales supone una apuesta por la competitividad.
Así, las políticas de la Junta de Andalucía han permitido paliar la situación de riesgo de pobreza material severa, en la que otras comunidades están por encima como Canarias o Castilla La Mancha, además de Valencia, Melilla y Murcia, mientras que Madrid tiene "tasas muy preocupantes".
En cuanto al resto de fondos del Presupuesto andaluz, en su mayor parte se destina a "impedir divergencias comarcales y provinciales". El titular de Economía y Conocimiento ha denunciado asimismo que el Gobierno de España está "incumpliendo" el principio de adicionalidad con los fondos europeos, que establece que la contribución de dichas partidas no sustituirá a los gastos estructurales de naturaleza pública o asimilable de los Estados miembros. Es decir, que el Estado está utilizando los fondos no como un elemento adicional a su obligación de inversión, sino como parte de la misma.
Por último, lo que respecta al impuesto de Sucesiones, ha reclamado una armonización fiscal en toda España y en especial en el correspondiente al patrimonio.
