Imagen de archivo del delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. - Rocío Ruz - Europa Press
SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha calificado este martes al Ejecutivo como "un gobierno comprometido con las personas y con la protección de los sectores productivos que crean empleo y riqueza en Andalucía", al referirse a la aprobación este lunes, en Consejo de Ministros y Ministras, del segundo Real Decreto-ley del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que da continuidad al aprobado el pasado 20 de marzo.
Según ha informado la delegación del Gobierno de España en Andalucía en una nota, Fernández ha aclarado que "el Gobierno de España protege de forma directa sectores estratégicos en nuestra comunidad con la ampliación de medidas para contrarrestar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio", cuyo fin es seguir amortiguando el impacto sobre hogares y empresas con medidas que ascienden a 1.825 millones de euros este año, a la que se añaden otros 2.700 millones de ahorro fiscal en 2027 y 2028.
En esta línea, Fernández ha explicado que "estas medidas persiguen mitigar la subida de la factura eléctrica y de los combustibles, dando continuidad a lo adoptado en marzo" y se ha mostrado convencido de que "tendrán un efecto muy positivo para millones de andaluces". De hecho, ha calculado que la ampliación de la ayuda para la compra de fertilizantes y la rebaja de los carburantes "beneficiarán a cerca de 400.000 agricultores, pescadores y profesionales del transporte y a todos los conductores en general en la comunidad, es decir, unos cinco millones de beneficiarios".
Igualmente, la ayuda directa para la adquisición de fertilizantes se amplía en 165 millones, al aumentar las cuantías por hectárea establecidas en el Real Decreto-ley de marzo, que será finalmente de 665 millones, elevándose la asignación de las ayudas a 38,33 euros por hectárea para los cultivos de secano y a 92,50 euros para los de regadío.
También se ampliarán hasta el 30 de septiembre las ayudas extraordinarias a las empresas de transporte por carretera para compensar el precio del gasóleo de uso profesional, tanto los que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos como las empresas de transporte por carretera que no se beneficien de esa devolución parcial de hidrocarburos, como autónomos, las sociedades con licencias de transporte o los titulares de autobuses urbanos, entre otros.
A ello ha sumado la "supresión progresiva" del impuesto sobre la producción de energía eléctrica, "que reducirá la factura en más de 3,3 millones de hogares de Andalucía". El primer Real Decreto-ley aprobado el pasado 20 de marzo ya estableció para todo 2026 el escudo social con descuentos extraordinarios del bono social eléctrico (42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos), el incremento de la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y la prohibición del corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.
De igual forma, se prorrogan las condiciones a las empresas beneficiarias de las ayudas, manteniéndose la exigencia de Plan de Movilidad Sostenible para trabajadores y la prohibición de despido por causas derivadas del conflicto para empresas beneficiarias de ayudas vinculadas a la guerra.
Por último, "reducir el precio de los combustibles, mitigar la factura de la luz y facilitar la compra de fertilizantes son un compromiso tácito de políticas útiles que vienen a dar respuesta a la ciudadanía y al tejido productivo andaluz", ha concluido el delegado del Gobierno de España en Andalucía.