cia" class="NormalTextoNoticia" itemprop="articleBody">
JAÉN, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de Jaén pide un total de cuatro años y seis meses de prisión para el hombre identificado como A.B.G. al que se le detuvo en diciembre acusado de haber abusado de menores de edad a partir de unos vídeos sustraídos en el interior de su domicilio.
Así consta en el escrito de calificación de los hechos que el Ministerio Fiscal ha remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Jaén, en el que interesa la apertura de juicio oral contra dicha persona como supuesta autora de un delito continuado de abusos sexuales, de otro, también continuado, de exhibicionismo y provocación sexual, y de un tercero de tenencia de material pornográfico con menores.
En dicho documento, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía relata que el acusado, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Juvenil Fénix --asentada en Jaén-- y entrenador de su equipo de fútbol, "en el año 2007, y en numerosas ocasiones, sin utilizar violencia o intimidación alguna", tras "exhibir" a un niño de diez años "películas de contenido pornográfico, le sometía a diversos tocamientos y felaciones, así como a masturbaciones recíprocas", algo que "grababa en DVD que conservaba en su domicilio".
El Ministerio Público entiende que estos hechos constituyen un delito continuado de abusos sexuales por el que pide tres años de prisión; otro continuado de exhibicionismo y provocación sexual por el que solicita un año de cárcel, y un tercero de tenencia de material pornográfico con menores por el que interesa una pena de seis meses. Además, quiere que el encartado indemnice en 5.000 euros a la víctima "por los daños morales ocasionados".
Como se recordará, aunque inicialmente ingresó en prisión tras su arresto, el Juzgado de Instrucción número dos de Jaén autorizó la puesta en libertad de este hombre en enero pasado, después de que el joven que había entregado los vídeos reconociera que había accedido a la vivienda del acusado "con la única y exclusiva finalidad de encontrar pruebas que incriminen al imputado y hacerlas llegar a la Policía", lo que, según el juez que lo dejó en libertad, provoca que las grabaciones en las que se sustenta la investigación "puedan ser consideradas prueba ilícita y no puedan ser tenidas en cuenta".
