JAÉN, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -
La delegada del Gobierno andaluz en Jaén, Purificación Gálvez, considera que el alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya (PP), deberá "tomar buena nota" y "pedir disculpas" a los más de 400 beneficiarios de la ayuda a domicilio en la ciudad, más allá de hacer una "lectura intencionada" de la sentencia sobre el conflicto entre ambas administraciones con la Dependencia como centro.
Así lo ha indicado a Europa Press una vez conocida este lunes la citada resolución, del Juzgado Contencioso Administrativo número 3 de Jaén. Ha expresado su satisfacción por una sentencia que es "clara y meridiana", que "da la razón" al Gobierno autonómico y que traslada al Consistorio "la obligación de mantener el servicio de ayuda a domicilio".
"Con el pronunciamiento del juez, el alcalde debe tomar buena nota, porque ha quedado en evidencia. Deberá dar una explicación y pedir disculpas a las más de 400 personas beneficiaras de ayuda a domicilio y sus familias, entre las que sembró zozobra poniendo en riesgo la prestación del servicio", ha manifestado.
La delegada ha hecho hincapié en que desde la Junta se ha venido insistiendo en la "gravedad" de la posición municipal por el "grave perjuicio" para estas personas. Al hilo, ha lamentado "profundamente la incertidumbre y preocupación" generada por el regidor de forma "innecesaria" y "gratuita".
En su opinión, por otro lado, la sentencia supone "un serio revés para este equipo de gobierno del PP que antepone sus intereses y el enfrentamiento con la Junta a los de las personas en situación de dependencia". A su juicio y "al igual que está haciendo el Gobierno central", trata de "torpedear" este sistema.
Ha considerado, además, que el gobierno municipal hace una "lectura interesada cuando habla de la vigencia del convenio", dado que "el fallo en ningún caso declara extinguida la vigencia" del mismo y, "además, es ajustado a derecho", de modo que "intentan confundir una vez más".
"Por más que quieran intoxicar a los ciudadanos, en la sentencia no caben interpretaciones. Deja bien claro que el Ayuntamiento no puede abandonar las funciones que legalmente les corresponde, al tiempo que se hace eco de que, al dejar de prestarlas, puede crear situaciones de alarma entre los ciudadanos", ha afirmado Gálvez, para la que "es tan claro que hasta se le imponen costas como administración demandada".
En todo caso y como la propia sentencia recoge, ha apuntado que tiene la posibilidad de recurrirla. "¿Cuál será la voluntad del Ayuntamiento? No lo sé, porque me cabe esperar cualquier cosa", ha declarado Gálvez, quien ha agregado que si recurre las costas podrían aumentar y será a cargo de las arcas municipales.
La delegada ha destacado, de todas formas, que el Ejecutivo autonómico, "de acuerdo con la legalidad vigente", decidió presentar recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Patronato de Asuntos Sociales "por el que se desentendía de la prestación del servicio". Ha recordado también que, en su momento "el juez dio la razón a la Junta cuando adoptó medidas cautelares para garantizarlo" y ya señalaba que "ha de primar los intereses de las personas afectadas".
Éstas, ha dicho Gálvez, "han sido y siguen siendo la prioridad" para el Gobierno andaluz, "pese a las múltiples dificultades por la progresiva retirada de la financiación" por parte del Estado para la Dependencia, de manera que, por ejemplo, se están "agilizando los pagos para mantener la cadencia de tres meses en el abono de las cuantías".
En este punto, ha explicado que "este mes se han hecho dos pagos al Ayuntamiento de Jaén por casi 400.000 euros, con lo que ha recibido 1,7 millones de euros de la Junta para atender en 2014" este servicio. "Las cuantías deben ir dirigidas a la empresa concesionaria de la prestación como mejor forma de garantizar el abono de las nóminas de las trabajadoras", ha concluido.
