La Junta y las universidades tendrán listo antes de mitad de julio el análisis sobre los gastos reales en personal

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo alcanzado en materia de financiación después de meses de negociación entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores de las universidades públicas andaluzas prevé la creación de una comisión "técnica", con la presencia de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, para "determinar con total transparencia la cláusula de salvaguarda" que recoge el modelo de financiación pactado entre la Administración y los rectores. La cláusula de salvaguarda garantiza que las universidades reciben cada ejercicio la misma cantidad que el año anterior más los incrementos salariales.

Y en esto último --los incrementos salariales-- es donde entra el papel de la comisión que va a analizar los "criterios y parámetros usados por las instituciones académicas para calcular los gastos del personal universitario --capítulo 1 de los presupuestos--" y eliminar así las diferencias en esta materia; diferencias que han estado en el meollo de las largas negociaciones entre las partes. Fuentes de la Junta y de los rectores reconocen que la intención es que antes de la primera quincena de julio esté listo este análisis "universidad por universidad" de los gastos de personal para así tener clara cuál es la fórmula precisa para calcular la cláusula de salvaguarda.

Con esta medida, explicaba la Junta, se pretende "alcanzar un marco financiero equilibrado y sostenible, en el que las universidades, en colaboración con la Junta de Andalucía, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado". Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el Ptgas: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios.

Este órgano técnico también estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos. Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

En materia de financiación universitaria, el Consejo de Gobierno ha autorizado esta semana un crédito de 37,5 millones de euros dirigido a financiar el sistema público universitario andaluz para 2026. Este aumento de crédito se añade a los 1.788,2 millones de euros inicialmente presupuestados para esa finalidad, por lo que el sistema público dispone en conjunto de 1.825,7 millones de euros en este ejercicio.

De los 37,5 millones, 21,5 millones están destinados a atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el 8 de abril de 2025 e implican el abono durante 2026 de la totalidad de los complementos salariales del personal docente e investigador (PDI) y de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (Ptgas), cuyo pago se pactó para 2026 y 2027.

Los 16 millones de euros restantes, que tienen carácter consolidable y que, por tanto, estarán contemplados en los modelos de financiación de los años sucesivos, están vinculados al refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario andaluz. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha detallado este crédito y se ha pronunciado sobre las protestas convocadas este miércoles en cinco provincias andaluzas asegurando que no sabe "a qué se deben". "Preferimos las propuestas a las protestas", ha sostenido.

La propuesta para distribuir esa cuantía adicional y el montante que en origen se fijó en su presupuesto para sufragar el funcionamiento, el personal y la actividad académica, investigadora y de innovación de las instituciones académicas ha estado precedida de un proceso de negociación con los rectores y fue respaldada el 17 de abril de 2026 por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU).

Tras el informe favorable de este órgano, en el que están representados los rectores, el estudiantado, los consejos sociales y el Parlamento de Andalucía, y autorizada esta modificación presupuestaria, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación deberá aprobar y publicar en el BOJA la orden de reparto de los fondos. Con independencia de la tramitación administrativa que debe seguir cada año la orden de distribución de recursos del modelo de financiación hasta su aprobación definitiva, los diez campus públicos reciben mensualmente transferencias en el contexto de este instrumento, que se reajustarán en los próximos meses atendiendo al importe adicionado.

Así, de los 1.825,7 millones de euros y descontando los 37,5 millones, 1.669,01 millones están destinados a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 112,64 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos. De igual modo, está englobado un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada, que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga, a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros.