SEVILLA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -
El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha pedido este viernes a la Junta de Andalucía que "rectifique, respete y acate" la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula el decreto-ley 5/2016 del Gobierno andaluz por el que se regula la jornada de trabajo de los empleados públicos de la Junta, reduciéndola a 35 horas semanales, una resolución que, a juicio del representante del Ejecutivo central, "pone de manifiesto la necesidad de que las diferentes administraciones dialoguen y colaboren estrechamente".
Así lo ha apuntado el delegado del Gobierno en declaraciones a Europa Press después de que el TC haya estimado el recurso presentado por el Ejecutivo central contra el referido decreto-ley de la Junta, que ahora anula el alto tribunal.
Sanz ha pedido al Gobierno andaluz que "no reincida en el gravísimo error de no haberse avenido a un acuerdo durante las negociaciones llevadas a cabo en su momento, ya que los ciudadanos merecen que haya acuerdos en vez de confrontación, y no se entiende que la presidenta de la Junta", Susana Díaz, "que defiende la unidad y la vertebración de España, impulse una medida contraria a la Constitución", según ha abundado.
El delegado ha ofrecido la "mano tendida" del Gobierno para "dialogar y negociar", al tiempo que ha subrayado "la permanente voluntad de acuerdo del Gobierno con la Administración autonómica, siempre que se garantice la igualdad y el interés general de todos los españoles".
Para Sanz, la sentencia "pone de manifiesto la necesidad de que las diferentes administraciones dialoguen y colaboren estrechamente, respetando los respectivos ámbitos competenciales y siempre en el marco de la Constitución, a fin de garantizar la igualdad en todo el territorio nacional y evitando que los tribunales tengan que resolver lo que se debería decidir mediante la colaboración y la lealtad del gobernante".
Finalmente, Sanz ha argumentado que el Gobierno central "se vio obligado a recurrir ante el TC la medida de la Junta en defensa del interés general y para garantizar la igualdad de horarios de los empleados públicos en todo el territorio nacional, en cumplimiento de la Ley de Presupuestos que, ya en 2013, estableció la jornada del personal al servicio de las Administraciones Públicas en 37,5 horas", según ha recordado.
