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SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La juez Mercedes Alaya ha rechazado la petición realizada por el sindicato Manos Limpias para que la Junta de Andalucía fuera "expulsada" como parte perjudicada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, todo ello en un auto donde admite su "ambivalente posición como acusación".
En este auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que "nada se descubre por reconocer la ambivalente posición de la Junta como acusación, pues por un lado y ante todo debe velar por los intereses de la institución, y por otro no se escapa advertir en su estrategia procesal cierto apego en virtud de determinada inactividad procesal en relación a determinados cargos hoy implicados que la han representado durante décadas".
A ello se suma "cierta inquietud defensiva ante la ausencia de reacción adecuada frente a la situación de menoscabo de fondos públicos indiciariamente conocida por distintas vías", asevera la instructora, que añade que "esta cierta contradicción interna no obstante no se ha traducido en un entorpecimiento de la causa".
ACUSACIÓN "MÁS PASIVA QUE ACTIVA"
Así, "y salvo el desorden del comienzo de la misma, su dirección letrada ha cumplido fielmente y con extraordinario celo profesional la entrega de la documentación que le ha sido requerida, potenciando en algún caso concreto, como las ayudas a la Sierra Norte de Sevilla, las diligencias de investigación".
La magistrada dice que, debido a esta "ambivalencia", la acusación ejercida por la Junta "ha sido sin duda alguna más pasiva que activa, pero sin obstaculizar, más bien al contrario, la obtención, en la forma presentada, de las diligencias de prueba", mientras que "tampoco puede afirmarse que haya tratado de entorpecer la causa con numerosos recursos, como en otras diligencias pueda suceder, lo que evidencia una actuación procesal seria y adecuada a las reglas de la buena fe".
Por todo ello, Alaya considera que no existe "atisbo alguno de actuación fraudulenta" que "pueda generar como sanción la expulsión" del procedimiento de la Junta, ya que "tampoco ha demostrado la Junta en el procedimiento --otra cosa son las manifestaciones políticas intrascendentes para la causa-- una postura defensiva clara de dichos cargos públicos que colisionen con su posición de acusación particular".
"Por consiguiente, se mantienen intangibles las razones que motivaron su aludida condición procesal", dice la juez, que rechaza de este modo la petición realizada por Manos Limpias, a la que se opuso la Fiscalía Anticorrupción.
POSIBLE RESPONSABLE CIVIL SUBSIDIARIA
Alaya, no obstante, atiende la petición formulada por la representación procesal del BBVA y el propio Ministerio Público y acuerda tener también a la Junta como posible responsable civil subsidiaria ante la acción civil ejercitada por la aludida entidad "en virtud de la cesión de crédito de la subvención que por 2,4 millones le realizó la beneficiaria 'Maestrazgo de Sevilla'".
Según la juez, esta subvención fue otorgada "con indiciaria ausencia de competencia y procedimiento" por el que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero "y resultó finalmente impagada por la Administración autonómica".
En un escrito presentado en el Juzgado el pasado 12 de julio de 2013, Manos Limpias reiteró su petición del 4 de abril de 2011 y pidió, "en aplicación de la más reciente doctrina jurisprudencial", que la Junta "sea expulsada" del procedimiento como parte perjudicada, ya que "resulta inaudito que una parte que supuestamente se considera perjudicada por un posible ilícito penal, mantenga una actitud, de defensa de los imputados, más propia de parte acusada".
