SEVILLA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Andalucía (Cotua) dio hoy luz verde para su aprobación definitiva al Plan General de Ordenación Urbana de Marbella (Málaga), que supone el primer PGOU de este municipio tras 24 años, y que contempla la regularización de unas 16.500 viviendas ilegales, de un total de 18.000 viviendas en esa situación.
Esta aprobación fue anunciada por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, y la alcaldesa de la ciudad, Ángeles Muñoz, quien recordó que este Plan regirá el desarrollo urbanístico del municipio para los próximos ocho años y precisó que el plan contempla inversiones por un montante global de 1.823 millones de euros para ese período, así como el desarrollo de 9.400 viviendas protegidas.
Por su parte, el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, destacó que este documento otorgará "seguridad jurídica" al municipio y ha sido aprobado con los votos a favor del conjunto de los miembros de la Cotua, salvo la abstención de Ecologistas en Acción.
Tras este visto bueno del PGOU por parte de la Cotua, el Ayuntamiento deberá efectuar algunas correcciones de errores y remitirlo de nuevo a la Junta, de forma que el consejero de Vivienda aprobará definitivamente el documento, que deberá incorporar esas indicaciones dictadas por la Comisión.
Juan Espadas recordó que Marbella, con más de 100.000 habitantes, se convierte en la "primera ciudad del litoral andaluz que cuenta con un PGOU aprobado adaptado a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)".
Espadas destacó el hecho de que "tras 24 años se pueda disponer de la seguridad jurídica y de un instrumento de planificación que decida el futuro de una ciudad, después de un proceso enormemente tortuoso" y con un plan de "gran complejidad jurídica".
Recordó en ese sentido que en esos años "ocurrieron las cosas más graves, como la retirada de competencias urbanísticas en 2006, la disolución de la Corporación y responsabilidades legales de gravedad en las decisiones que los gobiernos locales de Gil, Muñoz y Yagüe tomaron durante una etapa amplia en el Ayuntamiento de Marbella, transgrediendo y sobrepasando cualquier posibilidad lógica de diseñar un modelo de ciudad con las leyes en la mano".
Espadas indicó que existían 18.000 viviendas ilegales, de las que se regularizan 16.500 viviendas, que entran dentro del plan, mientras que el resto queda fuera del planeamiento. En ese sentido, existen 1.100 viviendas no habitadas que quedan fuera de la normalización al no ajustarse al plan, mientras que otras 500 viviendas, pertenecientes a tres promociones, en concreto Banana Beach, y bloques en Río Real y La Víbora, "difícilmente tienen cabida en el plan, y ahora deberán estudiarse y darles una solución al tener problemas en su normalización y para determinar una compensación a la ciudad por parte de sus propietarios". Además, existen entre 30 o 40 viviendas ubicadas en el litoral que tendrán que analizarse más a fondo.
El consejero rechazó la posibilidad de legalizar el conjunto de viviendas irregulares y argumentó para ello varias sentencias del Tribunal Supremo sobre este asunto, donde el TS "apunta que no cabe la legalización sin más de edificaciones ilegales y no cabe que un plan puede convertir en legal todo lo ilegal; un plan que planteara eso sería ilegal y fruto de suspensión por parte de los tribunales".
Por ello, precisó que ha primado en la redacción de este PGOU "el criterio de seguridad jurídica y garantizar el interés general blindándose con un máximo rigor jurídico en la defensa de un modelo de ordenación que encajara el mayor número de situaciones producidas desde la ilegalidad".
En ese sentido, destacó el alto volumen de regularización obtenido, un objetivo "sumamente difícil de conseguir", por lo que se mostró "satisfecho", tras lo que reconoció la existencia de una serie de situaciones particulares en las que "no era posible, sin quebrar el modelo de ordenación, llegar a su regularización".
El consejero aseguró que dichas situaciones "no quedarán desatendidas ni olvidadas" en el Plan, pero "se considera que no es el PGOU el que la puede resolver adecuándolas, sino que se deberá ver y analizar caso por caso cada situación especifica, por parte del propio Ayuntamiento o por parte de los jueces y los tribunales".
"El plan no vincula a situaciones de derribo de viviendas, sino que fija la ordenación con un modelo de ciudad, a partir de ahí, caso a caso se hará un análisis específico, donde el plan e incluso por primera vez hace una recomendación, como es ser capaz, en la gestión del mismo, de conciliar otros derechos de personas, adquirentes de buena fe o que hayan sido objeto de un abuso, con soluciones que generen los menores problemas posibles, sabiendo que la decisión la tendrá un juez".
De esta forma, se recomienda que, en los casos de ejecución de una sentencia urbanística, "se ponderen todos los intereses en juego y si el juez plantea una solución alternativa, el plan no podrá llevarse en ese caso hasta el máximo de sus efectos, pero a causa de la decisión judicial".
CARACTERÍSTICAS DEL PGOU
Por su parte, la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, destacó que "este es un momento de enhorabuena para Marbella, que supone devolver la confianza en las instituciones", tras un "largo" proceso donde "aunque ha habido momentos de discrepancias, ha primado el interés general, la responsabilidad y poner sobre la mesa un modelo que garantice la continuidad para los próximos años, restaurando la normalidad".
Muñoz destacó algunas de las principales cifras del nuevo PGOU "donde se planifica el desarrollo futuro de la ciudad con unos niveles de exigencia claros, por encima de lo que marca el estándar de la ley, pues queremos que siga siendo ciudad de excelencia", de forma que, tras destacar que se estimaron el 70 por ciento de las alegaciones de forma particular o total, recordó que se contemplan 9.400 VPO, que supone el 36 por ciento de los nuevos desarrollos.
Así, de los 1.823 millones de euros de inversión para los próximos ocho años, un seis por ciento será aportado por el Ayuntamiento --que se traduce en 100 millones, algo más de 12 millones al año--, otro seis por ciento por el Gobierno, un 31 por ciento por la Junta --550 millones, 70 millones al año-- y un 57 por ciento por el ámbito privado.
La alcaldesa, que reiteró su voluntad de colaboración con la Junta, precisó que este plan contempla se "rediseñan y corrigen" zonas, creando áreas de oportunidad y áreas d desarrollo, se dotará a Marbella de nuevas infraestructuras, con las que se pretende "absorber la acumulación de deficits existentes y la necesidad de nuevos desarrollos".
De esta forma, se obtendrán 1.319.000 metros cuadrados de suelo dotacional que servirá para "reequipar la ciudad", se prevén más de 3,6 millones de metros cuadrados de espacios libres, por lo que se llegará un total a 4.780.000 metros cuadrados, lo que supone 27,6 metros cuadrados de metros por habitante, que supone "multiplicar por cinco lo que marca la LOUA", mientras que en cuanto a los sistemas de equipamiento, se contemplan 1.258.000 metros cuadrados, de forma que sumado a lo existente, se lograrán más de dos millones de metros cuadrados en este concepto.
CONCENTRACIÓN DE BANANA BEACH
Por su parte, vecinos de Banana Beach, complejo residencial de Marbella que no legaliza el nuevo PGOU de la ciudad, se han manifestado frente al lugar en el que se ha reunido la Cotua para reclamar una solución al problema de esta urbanización.
Estos propietarios se consideran "discriminados", ya que "un informe técnico concluye que hay otros edificios en la misma situación que sin embargo van a ser legalizados en el PGOU".
