Critica que los medios son "responsables" de que la sociedad crea que "las tragedias sin sentido" se den con más frecuencia que en el pasado, cuando son "excepcionales"
SEVILLA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha), ante el anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de la reforma de varias leyes para aplicar, entre otras novedades, la pena de "prisión permanente revisable", ha advertido este lunes que los endurecimientos penales "no sirven para reducir la criminalidad".
En este sentido, la organización ha señalado en una nota que los países con pena de muerte o cadena perpetua tienen tasas superiores a países como el nuestro, donde no existen. En España, con una tasa de criminalidad de las más bajas de Europa, 20 puntos por debajo de la media del resto de países, los endurecimientos generales del 2003 o de violencia de género "no han servido para nada en la reducción de las infracciones penales".
Por tanto, todos los endurecimientos no sirven nada más que "para incrementar el deseo de venganza". Adpha recuerda que las peticiones de endurecimiento de las penas "se han sucedido históricamente cada vez que se producían hechos que acababan con la vida de personas", así como que los familiares víctimas de tragedias sin sentido "han hecho uso de los medios de comunicación para exigir la mayor dureza posible en las penas a los autores de los hechos".
"La ciudadanía puede creer que este tipo de hechos son muy habituales y que se dan con más frecuencia que en el pasado, cuando lo cierto es que son excepcionales", ha señalado, al tiempo que Apdha ha lamentado que "los medios de comunicación son responsables en gran medida de esta creencia, al hacer un seguimiento desproporcionado de estos casos".
No obstante, considera que estas peticiones son "humanamente entendibles" partiendo de la gravedad del hecho acontecido, del profundo dolor que supone la pérdida de una vida humana inocente, así como el tremendo dolor que se genera en los familiares de las víctimas.
Frente a estas peticiones, valora que "una democracia fuerte" ha impedido su instauración en nuestro país en épocas anteriores, si bien, la clase política cedió "en parte" introduciendo numerosas reformas de endurecimiento de penas, a fin de dar satisfacción a las citadas peticiones, "aún conscientes de que los endurecimientos no sirven para reducir la criminalidad".
En este sentido, resalta que "sorprende" que ahora, el actual Gobierno del PP, "pese a tildarse como más moderado que otros como el de José María Aznar", planteen medidas, a juicio de Apdha, "inconstitucionales, disfrazándolas con el nombre de 'prisión permanente revisable'".
Al hilo de esto, precisa que "si es permanente no puede ser revisable", cuestionando si el objetivo del matiz es que "nos sintamos menos culpables o que pase el juicio de constitucionalidad que a buen seguro deberá enjuiciar el Tribunal Constitucional".
Además, pregunta "cuál es el sentido de instaurar ahora esta medida, más aún cuando la principal preocupación de la ciudadanía durante décadas, la actividad terrorista, ha desaparecido". Ante esta cuestión, Apdha afirma que esta medida "populista" obedece al momento histórico de crisis económica, "intentando desviar la atención de lo que en hoy en día son los principales problemas de la ciudadanía".
"LAMENTABLEMENTE" EXISTE YA LA CADENA PERPETUA
Por otro lado, ha indicado que en España existe ya, "lamentablemente", la cadena perpetua, a pesar de no existir reconocimiento legal de la misma. Por un lado, el límite de 40 años "no es absoluto" y algunas personas acumulan varias condenas elevadas a cuyo conjunto total de penas no se les aplica dicho límite.
En 2010, en las cárceles españolas vivían en torno a 345 personas cumpliendo condenas superiores a los 30 años, sin contar las condenas por delitos de terrorismo. Por otro lado, todos los estados en los que existe reconocida legalmente la cadena perpetua, aplican revisiones que hacen más cortas las condenas, algo que no sucede en España, donde no existe ese reconocimiento legal.
En países como Inglaterra o Alemania la media de cumplimiento real es de 15 y 19,9 años, a pesar de disponer de cadena perpetua. "España tiene ya, sin reconocimiento de la cadena perpetua, un sistema mucho más estricto y duro que esos países", ha asegurado.
Para la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, los límites temporales a la condena son "una exigencia" del Estado de Derecho, de respeto a la dignidad humana y al trato humano, que deben tratar al infractor de las normas de convivencia de una forma distinta a la que él actuó, única forma de dar ejemplo. "Encerrar de por vida a alguien supone enterrarlo en vida, eliminándolo como persona y como miembro de la sociedad", ha advertido, denunciando que es "una tortura psicológica, ya que ninguna persona puede asimilar la pérdida de su futuro".
La preocupación de los gobernantes, medios y sociedad deberían ser las causas de los delitos, y el "absurdo" del actual sistema penitenciario, que "no sirve para su función de reinserción", según Apdha. Además, apunta que "bajo esas peticiones de penas subyace un gran desconocimiento de la realidad carcelaria, más de 1.000 muertes en su interior en los últimos cinco años, los suicidios que dejan intuir la dureza de la vida en prisión, malos tratos e incomunicación familiar".
Con las reformas legislativas, según indica, "se está configurando la prisión como mera venganza, al incumplirse el mandato constitucional de reinserción, que es lo que debe importar a la sociedad".
"UNA MAYOR PENA NO RECUPERA A LA VÍCTIMA"
En definitiva, ha anunciado que "si el incremento de la pena no sirve para disuadir, ni está sirviendo para reinsertar, se corre el riesgo de convertirla en una mera venganza cada vez más ilimitada, que con sensatez y desde la lejanía al calor del momento, el estado no puede tolerar".
En este sentido, ha apostado por "la prevención y la cultura de la no violencia, buscar otra forma de resolución de los conflictos sociales, trabajar las causas de los conflictos, por políticas sociales serias, por la prevención y por la creación de oportunidades y derechos humanos para lo cual se requiere un adecuado presupuesto económico".
"Los familiares tienen derecho, y así deben exigirlo, así como a una reparación por el Estado, pero no pueden exigir convertirse en legislador", ha expresado. Adpha manifiesta que "no se va a recuperar a la víctima por imponer mayor pena".
