El Ayuntamiento espera que sean esclarecidos los ERE de Mercasevilla porque "es un tema que afecta a todos"

SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno del Ayuntamiento hispalense, Nieves Hernández (PSOE), ha manifestado este jueves su deseo de que sean esclarecidas "lo antes posibles" las circunstancias que rodean a los expedientes de regulación de empleo (ERE) promovidos en 2003 y 2007 en la sociedad mixta Mercasevilla, participada por el Consistorio y Mercasa. Después de que la propia empresa haya confirmado la inclusión en sendos procedimientos de dos aspirantes a la prejubilación que nunca habrían trabajado en el mercado central de abastos y de que el PP haya advertido de otras dos prejubilaciones supuestamente "irregulares", Hernández ha recordado la investigación judicial que pesa sobre el ERE de 2007 y el conjunto de la empresa.

El expediente de regulación de empleo promovido en 2007 en el mercado central de abastos de Sevilla, de cuyo reconocimiento y financiación se desliga la Consejería de Empleo, figura entre las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la posible comisión de un delito societario a manos de los antiguos directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, ambos imputados en las actuaciones y en las otras dos líneas de investigación existentes en torno a la anterior gestión del mercado central de abastos. En concreto, aunque el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había autorizado diversos libramientos para sufragar las prejubilaciones, cuyo coste global se eleva a 9.046.976,95 euros, la Consejería de Empleo entiende "huérfanos" de sustento jurídico los documentos firmados por Guerrero.

A tal efecto, las prestaciones implicadas en las prejubilaciones pactadas en el ERE han quedado paralizadas, toda vez que en las últimas semanas ha quedado confirmado que en dicho procedimiento figuraba, en calidad de aspirante a la prejubilación, un ya ex miembro de la Ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en el mercado central de abastos. Este hombre, Antonio Garrido Santoyo, ha dimitido de su cargo orgánico en el PSOE a la espera de que sean esclarecidas estas circunstancias, toda vez que el PP le relaciona con el ex sindicalista de UGT Juan Lanzas, asociado a su vez a la negociación de este expediente de regulación de empleo.

DOS NUEVOS CASOS, SEGÚN EL PP

También respecto al ERE de 2007, el PP ha advertido de dos prejubilaciones "irregularidades", pues esta compañía participada por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa incluyó en el procedimiento a un trabajador contratado en 2004, ya con 51 años, y con una relación laboral inferior a tres años y siempre intermitente. Un último trabajador, además, fue incluido en el ERE días después de que la Consejería de Empleo dictase la correspondiente resolución del procedimiento, extremo acontecido a través de una autorización firmada por el ex delegado provincial de la Consejería de Empleo Antonio Rivas ante un "error burocrático". Rivas, de cualquier forma, figura como imputado en las diligencias incoadas en cuanto al posible intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por Mellet y Ponce.

Por último, tanto el comité de empresa como la propia sociedad mixta han confirmado que en el ERE de 2003, autorizado e incentivado por la Junta de Andalucía, figura como aspirante a la prejubilación una mujer identificada como María del Carmen Fontela González, quien como ha quedado constatado nunca ha trabajado en el mercado central de abastos. Este extremo ha motivado que la Consejería de Empleo impulse una "investigación interna" para examinar todas y cada una de las prejubilaciones de este procedimiento.

Dado el caso, Nieves Hernández ha recordado que el deseo del Gobierno municipal de PSOE e IU-CA es que "todo se aclare lo antes posible", destacando que la Junta de Andalucía "ha actuado en consecuencia" por lo que al conflicto de estos expedientes de regulación de empleo se refiere. "Es un tema que afecta a todos. A la empresa, claramente, a los trabajadores, a todos", ha señalado Hernández, pues los 9.046.976,95 euros a los que se eleva el coste del ERE de 2007 constituyen la mayor losa financiera de la compañía y los prejubilados de este procedimiento han visto cómo sus prestaciones quedaban en el aire al desligarse la Junta de los pagos.