El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, firma junto a la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, el acuerdo para la aprobación de los presupuestos municipales 2026. - Eduardo Briones - Europa Press
SEVILLA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -
El portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, ha defendido este viernes la legalidad del acuerdo alcanzado con Vox hace unas semanas para la aprobación de los Presupuestos que incluye un punto para "reforzar" la comprobación de las solicitudes del padrón municipal.
Bueno ha señalado que este punto de acuerdo "está dentro de la ley" y está destinado a ser "una medida garantista" para "evitar el fraude". "No se le va a prohibir a nadie empadronarse si tiene los requisitos", ha afirmado durante la sesión de la Comisión Permanente de Control y Fiscalización del Gobierno municipal.
Así ha respondido el Ayuntamiento a la pregunta realizada por el concejal de Izquierda Unida (IU) en el Consistorio, Ismael Sánchez, que ha calificado esta medida como "un posible delito de odio". "Van a utilizar el padrón como una medida de control hacia la población migrante" ha señalado Sánchez, que ha asegurado que con ello, el Gobierno municipal "no está cumpliendo con la ley".
Al respecto, Bueno ha especificado que la medida busca controlar y perseguir a "las personas que intentan cometer fraude con los inmigrantes, intentando lucrarse". Asimismo, ha reiterado la necesidad de "fortalecer la colaboración interinstitucional, especialmente con los servicios sociales, con la oficina de atención a personas migrantes".
Por otro lado, Sánchez ha remarcado que "el derecho al empadronamiento está garantizado por ley" y ha puesto en cuestión las competencias de los empleados municipales para realizar dicho control. "No podemos ni discriminar ni excluir y mucho menos vulnerar derechos en nombre de pactos políticos", ha subrayado.
Según el acuerdo consultado por Europa Press, el Ayuntamiento va a exigir la acreditación de identidad en vigor para el registro en el padrón. Para ello, se compromete a la elaboración de un protocolo reforzado de comprobación de residencia de las solicitudes del padrón en un plazo máximo de 15 días, "incidiendo en aquellos casos de acreditación dudosa del domicilio mediante los instrumentos de inspección y fomento de la colaboración interinstitucional".