SEVILLA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha apuntado que existen una serie de "deficiencias" en la gestión del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz), además de "falta de control interno", de forma que, entre otras cuestiones "existen importes significativos de facturas sin consignación presupuestaria".
Según el informe, titulado 'Fiscalización de determinadas áreas del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción (Cádiz)', correspondiente al ejercicio 2010, el ente fiscalizador apunta una serie de "limitaciones al alcance del trabajo", toda vez que "la Cuenta General de los ejercicios 2001 a 2010 no ha sido aprobada por el Pleno del Ayuntamiento; no se dispone del inventario, tal y como establece la Ley, lo que, "además de la falta de control, impide determinar el correcto reflejo de los bienes en los saldos contables del inmovilizado".
El ente fiscalizador lamenta en el informe, consultado por Europa Press, que "se ha solicitado confirmación de una muestra de operaciones efectuadas entre el Ayuntamiento y diversos deudores, acreedores y entidades financieras", sobre lo que "no se ha obtenido contestación del 16 por ciento de los deudores, 54 por ciento de los acreedores y tres entidades financieras".
Entre las conclusiones del informe, el ente fiscalizador recuerda que "la Corporación ha iniciado la disolución de organismos autónomos y empresas municipales al considerar que la forma de gestión prestada no era la más adecuada, lo que en un principio puede coadyuvar al saneamiento de la Corporación".
Además, se destaca que tanto el trabajo realizado sobre los sistemas de control interno, como las limitaciones al alcance, han puesto de manifiesto "numerosas deficiencias que impiden asegurar la fiabilidad e integridad de las operaciones realizadas por la entidad".
Así, en materia de personal, el 45 por ciento de las plazas están vacantes, y son ocupadas por personal laboral temporal, mediante un procedimiento que "obvia los principios de publicidad y concurrencia para el acceso a la función pública".
El informe considera que el Consistorio "no dispone de un elemento apropiado para llevar a cabo la gestión y el control del personal" y apunta que durante el ejercicio fiscalizado "se incluyen complementos que sobrepasan los límites impuestos por la Ley 26/2009 de Presupuestos Generales del Estado para 2010".
Apunta que la Corporación ha realizado "una regulación unitaria de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral, incumpliendo lo establecido en el Estatuto Básico del Empleado Público".
El ente fiscalizador indica que los gastos de personal representan el 70 por ciento de los créditos aprobados inicialmente "y suponen una carga excesiva en la gestión de su presupuesto, siendo muy superior a la de otros ayuntamientos, con similar población".
En materia de tesorería, considera que "las órdenes de pago no se ajustan a lo establecido en el plan de disposición de fondos de la tesorería", de forma que los pagos a justificar tramitados por la Corporación "se realizan sin justificación previa, utilizándose como provisiones de fondos para gastos corrientes". Además, agrega que "no se lleva un control adecuado de los anticipos de las cuentas que se autorizan para el pago de anticipos de caja fija".
El informe indica que los sistemas que tiene establecidos la Corporación "no permiten identificar todos los bienes de naturaleza inventariable y no aseguran la salvaguarda de los bienes que debe componer el inventario".
Ha aludido asimismo a los "reparos" formulados por la Intervención, pero éstos "no se realizan de acuerdo con lo regulado, que establece que si el órgano interventor está en desacuerdo con el contenido de los actos, documentos o expedientes examinados, debe formular sus reparos por escrito e indicar los preceptos legales en los que sustente su criterio".
El informe apunta que la aprobación definitiva del presupuesto de la Corporación del ejercicio 2010 y su liquidación "se realizan fuera de los plazos establecidos", con 49 y 148 días de retraso, respectivamente. El anexo de inversiones que forma parte del presupuesto, no incluye las inversiones previstas ni permite su seguimiento, de forma que ese retraso "evidencia una deficiente planificación e impide su efectivo control".
El informe indica que se tramitaron modificaciones por 60,1 millones de euros, que representan un incremento del 106 por ciento de los créditos inicialmente aprobados, "sin que los expedientes se ajusten a lo regulado". El importe más significativo de las modificaciones tramitadas corresponde a las incorporaciones de inversiones no ejecutadas, "que siguen sin ejecutar en el ejercicio 2010".
DEUDAS Y ENDEUDAMIENTO
El informe asimismo precisa que "existen importes significativos de facturas sin consignación presupuestaria, lo que se viene produciendo recurrentemente y distorsiona significativamente la información económico-financiera del Ayuntamiento".
En ese sentido, indica que se han tramitado dos expedientes de reconocimiento extrajudicial de créditos, por un total de 2,4 millones, que ponen de manifiesto la "falta de control existente, vulnerando los principios de anualidad y limitación cuantitativa y cualitativa de los créditos, de competencia y de fiscalización de la gestión económica, al poder acometer obras y servicios sin crédito".
No se ha dispuesto de la totalidad de facturas sin contabilizar a 31 de diciembre de 2010 y las relaciones de deudores y acreedores no reflejan los saldos que de forma agregada, figuran en los estados, cuentas y facturas tramitadas.
"Se incumple los acuerdos de aplazamiento con las administraciones públicas, lo que ha dado lugar a que se retenga la participación en los tributos del Estado", agrega el ente fiscalizador.
Por otro lado, el informe precisa que se han concertado en el ejercicio operaciones de crédito a largo y a corto plazo, sobre las que considera que representan para el Ayuntamiento "unos costes financieros muy elevados y no deben suponer, exclusivamente, una dilatación en el tiempo de las obligaciones de pago".
El informe ha recordado que para absorber el remanente negativo, el Ayuntamiento "ha aprobado recurrentemente planes de saneamiento desde el ejercicio 1994", que "no han servido como instrumento de control para los que fueron creados, no alcanzando los objetivos propuestos".
El ente fiscalizador ha comprobado el cumplimiento del principio de estabilidad presupuestaria en el momento de la aprobación de los presupuestos, pero apunta que los informes elaborados "no contienen información suficiente para su análisis y valoración".
Asimismo, agrega que el remanente de tesorería del ejercicio 2010 "es negativo en -31,5 millones, importes negativos que se vienen produciendo desde al menos 1992", un importe negativo que "se vería significativamente afectado si se registran los derechos y obligaciones no contabilizadas y que afectan al Servicio de Recaudación de la Diputación y a la empresa Aqualia SA".
CUESTIONES URBANÍSTICAS
Por último, el informe apunta que "no se ha confeccionado el registro del patrimonio municipal del suelo exigido la Ley de Ordenacion Urbanística de Andalucía".
Agrega que "no se ha podido comprobar el cumplimiento de la obligación de afectar al patrimonio municipal del suelo los ingresos obtenidos con la enajenación de parcelas ni la de destinarlos, al menos, a gastos de inversión, y no a corrientes".
Ha recordado que en 2006 el Ayuntamiento aprobó el documento de adaptación provisional del PGOU a la LOUA, "sin que a la fecha de elaboración de este informe se haya aprobado el definitivo, habiéndose identificado tres modificaciones innovaciones que afectan a las determinaciones de su ordenación estructural y a los equipamientos".
