SEVILLA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Servicio de Defensa Legal para las Mujeres en caso de discriminación laboral, coordinado por la Secretaría de la Mujer de CCOO-A, ha criticado el aumento de despidos y expedientes por razón de género desde la aprobación de la Ley para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres.
Así, según explicó el sindicato en una nota, ha tramitado 109 expedientes de los cuales el 82 por ciento están relacionados con despidos por maternidad y conflictos laborales debido a las reducciones de jornada y horario laboral, y un 16 por ciento en cuanto a los procedimientos penales relacionados con el acoso sexual, abusos y agresiones sexuales en las empresas.
Para la secretaria de la Mujer de CCOO en Andalucía, Antonia Martos, "las empresas usan la excusa de la crisis económica para enmascarar un despido que sería declarado nulo por discriminatorio" y señaló que las provincias con mayor índice de expedientes son las de Málaga, Sevilla y Córdoba, con un 28, un 24 y un 17 por ciento respectivamente, "aunque el aumento se ha dado en todas las provincias andaluzas".
Según CCOO, desde la aprobación de la Ley para la Igualdad efectiva entre Mujeres y Hombres, se ha detectado que, "paradójicamente, se está produciendo un aumento de denegaciones de permisos relacionados con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal".
Así, Martos señaló que "incluso las empresas están poniendo trabas en derechos tan básicos y fundamentales como el de la lactancia". El perfil de usuarias que solicitan dichos permisos son mujeres que trabajan en el sector del comercio, generalmente en grandes superficies con un sistema de trabajo por turnos que imposibilita compatibilizar los tiempos de trabajo con los familiares y los asuntos personales.
Igualmente, según el sindicato, otra de las estrategias que usan las empresas es la de "propiciar que las mujeres abandonen sus trabajos, siendo una de las prácticas de presión más destacables la figura de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, a través de las cuales se impone un cambio de funciones o de lugar de trabajo, además del uso de sanciones que allanen el camino a un futuro despido procedente".
Para la responsable sindical esto conlleva "la pérdida del poder adquisitivo de las trabajadoras y de su independencia económica y, en muchas ocasiones, la vuelta al ámbito doméstico".
En cuanto a los procedimientos penales relacionados con el acoso sexual, abusos y agresiones sexuales en las empresas, el sindicato afirmó que son "muy numerosos y constituyen el 16 por ciento de los expedientes tramitados".
Además, Martos añadió que "aunque se intenta solucionar llegando a un acuerdo o solicitando la extinción del contrato de trabajo en el ámbito de la jurisdicción social, el proceso se complica en el ámbito penal por su complejidad y por su dilatación en el tiempo, llegando a durar hasta casi dos años".
