Cepes-A ve "estratégica" la Ley de Transparencia Pública para una Administración de "calidad"

SEVILLA 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación de Entidades para la Economía Social en Andalucía (Cepes-A) ha considerado este viernes la Ley de Transparencia Pública como "estratégica" para una administración de calidad, ya que "la gestión pública a través de las instituciones y los responsables de éstas, al igual que la economía, deben de ir unidas a comportamientos éticos y transparentes en coyunturas económicas favorables y, aun más, en una época de incertidumbre como la que atravesamos".

Así, en una nota, Cepes-A señala que unos responsables públicos y unas administraciones "transparentes y ejemplares" constituyen un requisito "indispensable" para construir y desarrollar una Administración pública de calidad, generar confianza y prestar un mejor servicio a la sociedad.

Señala que ante la crisis se debe priorizar la adecuada ejecución de las normas existentes, la implementación de otras nuevas, la generación de aquellas medidas que refuercen las sanciones, el aseguramiento de la independencia de los órganos encargados de la lucha contra la corrupción y el control de las instituciones, así como la coordinación de las actuaciones en la materia.

Así, dice Cepes-A que parece haberlo entendido el Ejecutivo andaluz al aprobar en Consejo de Gobierno la Ley de Transparencia Pública de Andalucía, la cual será remitida al Parlamento para su debate. Una vez aprobada, según apunta, situará a la comunidad a la vanguardia en materia de transparencia.

Por otra parte, un comportamiento ético y transparente también debe de ser exigido en otros ámbitos públicos y privados. Al respecto, la futura norma, en su actual redacción, contempla el derecho de la ciudadanía a recibir información de todas las instituciones públicas de la Comunidad autónoma, de ayuntamientos y de las empresas que contraten con ellas y, en general, de todo tipo de organizaciones y entes que reciban fondos públicos para el ejercicio de sus actividades.

En definitiva, destaca que la futura Ley obligará a mantener una actitud proactiva de las administraciones e instituciones en favor de la implementación de medidas de transparencia y buenas prácticas, "distanciándose con ello de ciertas opiniones y prácticas pasivas que se venían abonando a la tesis de que la valoración de la ciudadanía, sobre la política y sus instituciones, mejoraría conforme se recuperase la economía, reduciendo así las importantes pesadumbres y pérdida de confianza de la sociedad a simples inconvenientes coyunturales".